Bastaron 17 minutos con 7 segundos, ese fue el lapso que duró ayer la sesión de la Comisión especial de Gran Jurado, en su fase de Sección Instructora; bajo la presidencia del diputado Polo Domínguez, quien llevó la voz cantante de la misma, con un tono terso, sin afectaciones en su recia voz de locutor, sin evidenciar emoción o exaltación alguna, considerando que se trata de una acción emblemática en contra de funcionarios del sexenio precedente.
En efecto, conforme al orden del día, se formularon las conclusiones dentro del juicio político que se instruye en contra de la magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Yeniria Catalina Ruiz Ruiz como presunta responsable de haber cometido hechos calificados como “perjuicios a los intereses públicos fundamentales”, cuya sanción anunciada es la destitución del cargo que ostenta y la inhabilitación por el lapso de 5 cinco años para ocupar cargo público alguno.
El acuerdo legislativo es contundente “se han comprobado los hechos de la denuncia”
El juicio político contra una de las personas cercanas por el entonces gobernador Roberto Sandoval, tiene el número de control JP/03/2017, que fue presentado como denunciante el secretario del despacho del gobernador David Guerrero Castellón; los diputados integrantes de la comisión aprobaron por mayoría las conclusiones acusatorias y rechazaron –“no ha lugar a su solicitud”- una petición no identificada en el acuerdo legislativo, de la denunciada.
Y el acuerdo subsiguiente se dio sin oposiciones, se remite al Gran Jurado la acusación, para que la sección de enjuiciamiento realice lo conducente y sea el pleno quienes resuelvan públicamente la imposición de la sanción aprobada en comisiones.
El segundo acuerdo, referido al juicio político número JP/05/2017 que se sigue en contra de los denunciados Raymundo García Chávez y Agustín Flores Díaz, tuvo la instancia de ser aprobadas las pruebas presentadas por el denunciante Levi Monts Bañuelos y desechar pruebas que presentaron los aún magistrados del TJA por ser extemporáneas.
Como dato singular aparece la autorización para conocer del expediente por parte de los denunciados de Sergio Armando Villa Ramos.
El acuerdo aprobado de la misma manera por mayoría, declaró cerrado el periodo probatorio y se pone a disposición de las partes por 30 días el expediente para que formulen alegatos que les competen.
Así, con la asepsia legislativa que le impuso el galeno y presidente de la comisión de gobierno de la XXXII Legislatura, el diputado Polo Domínguez, los juicios políticos que traen la destitución como magistrados del TJA de la entidad, se va cumpliendo la intención de castigar a estos personajes del sexenio pasado por la comisión de hechos que se han considerado graves, como “perjuicios a los intereses públicos fundamentales del gobierno del Estado..”
No hubo afectación alguna en las lecturas de los dictámenes, nadie opinó nada en lo general ni en lo particular de sus conclusiones que al ser acusatorias, determinaron la sanción que será impuesta por la sección de enjuiciamiento.
Ignora el escriba si los denunciados han realizado además de la contestación de la denuncia y el recurso de inconstitucionalidad a la postre fallido, alguna presencia ante los diputados que cumplen con sus funciones; en el caso, el escriba como Abogado practicante de los juicios orales, en la vigencia del nuevo sistema de justicia de corte acusatorio y oral, señala que sería la mar de importante para su defensa y para la confronta ante diputados y medios, que pudiesen comparecer y expresar de viva voz su puntual posición en este juicio político.
Nada como argumentar ante la sección de enjuiciamiento, para darle contradicción a las denuncias.
Empero para tal diligencia, se requiere un mínimo de capacidades argumentativas, conocimiento del procedimiento y experiencia para saber desglosar qué bienes jurídicos están en juego y acreditar si se trata o nó de una intentona política para que el poder ejecutivo se auto afirme en su permanente condena contra el gobierno precedente.
A cuyo titular, a la fecha no lo han tocado ni con el pétalo de una observación resarcitoria de la Auditoría Superior del Estado.
Cosas veredes Mundito..!
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