Luego del inopinado desencuentro con los diputados, producto de la mala leche de un funcionario del Congreso, que le sigue poniendo piedras en el camino al diputado presidente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, magistrado Pedro Antonio Enríquez acompañado de los magistrados que integran el pleno, comparecieron ayer ante los diputados integrantes de las comisiones que tienen a su cargo, los foros de consulta sobre las reformas a la carta local.
Y dentro de este paquete de reformas se encuentra la de reformar la Ley orgánica del poder judicial, que contempla varias novedades y remodela la integración del Concejo de la judicatura, el número de magistrados y el periodo de la presidencia; de ahí el por qué la trascendencia de escuchar a los actuales magistrados, puesto que fueron ellos, precisamente quienes establecieron la actual integración de los órganos de gobierno del poder judicial.
De entrada, la magistrada Rocío Esther González, hizo una muy cuidadosa introducción del ánimo con el cual asistieron a esta reunión, señaló que iban a aportar ideas a las iniciativas elaboradas por el legislativo, hizo una apretada síntesis de las transformaciones materiales e institucionales que ha sufrido el poder judicial, entre otras, la creación del Concejo de la Judicatura.
Al describir la operación cotidiana de jueces, secretarios de acuerdos y notificadores, les rindió un amplio reconocimiento a su labor, “por la noble labor de enaltecer a la institución judicial; señaló que el poder transformador del poder judicial se fortalece dignificando los salarios de jueces, respetar su independencia y la autonomía en la función jurisdiccional..”
Habló de la figura del “Juez natural” señalando que el juzgador actúa con imparcialidad, objetividad, independencia y autonomía, al declarar el derecho; y que éste debe ser un proceso renovador y ellos, desde luego están dispuestos a aportar para fortalecer el proceso legislativo que inició esta legislatura.
EL DICTUM DEL PRESIDENTE
En su oportunidad, el magistrado presidente, Pedro Antonio Enríquez, presentó a los diputados, la siguiente ponencia:
“Señoras y señores diputados:
En el marco de las consultas que esta Legislatura ha instruido para el análisis de diversas iniciativas sobre las facultades, integración y organización del Poder Judicial, nos hacemos presentes en este ejercicio democrático, con la convicción de que escuchar la voz de quienes hoy estamos aquí puede dar resultados positivos para el sistema de justicia en Nayarit.
En los últimos diez años el sistema de justicia en el país, y particularmente en Nayarit, ha vivido transformaciones profundas que nos han llevado desde la asunción de nuevas facultades jurisdiccionales; modelos procesales novedosos, como la justicia oral, la mediación, o bien competencias transformadas, hasta la configuración de un diseño constitucional diferente del Poder Judicial.
Hemos transitado en muchas ocasiones de un modelo de unicidad jurisdiccional, asumiendo facultades en materia local, por ejemplo de control constitucional, facultades de jurisdicción electoral o facultades de jurisdicción administrativa, reformas que en estos dos últimos casos fueron efímeras en virtud del cambio constitucional federal que obligó a constituir tribunales ad hoc para tales propósitos.
Hemos también pasado por el fortalecimiento de las decisiones de los órganos de gobierno judicial, al crear un Consejo de la Judicatura en el que sus magistrados, todos, participan de las decisiones que impactan en la vida institucional del sistema judicial y abandonar un modelo en el que solo una representación de jueces y magistrados lo hacían.
Estas transformaciones en la mayoría de las ocasiones han representado un avance desde lo local en el escenario nacional, como el hecho de ser Nayarit el único estado en el país desde 1995 en que fueron creados los consejos de la Judicatura en el que el gobierno judicial está encomendado exclusivamente a los integrantes del mismo, sin la injerencia de las representaciones de otros poderes.
Este es un dato histórico y este es un antecedente histórico en el escenario nacional; sin embargo, la reforma judicial que aún sigue pendiente: esa que no hemos podido lograr, es aquella que está desprovista de todo indicio de injerencia en las decisiones jurisdiccionales de sus jueces y magistrados.
Requerimos una reforma que garantice a los ciudadanos un sistema judicial con independencia en sus decisiones, cuyo único límite sea la ley y la dignidad de las personas; una reforma que procure el fortalecimiento presupuestal para que deje de ser un medio de tentación política cada que se negocian los presupuestos anuales.
Una reforma judicial que empodere a sus jueces, que le dé valor fundamental a los juzgadores como es el de equilibrio social; que sus decisiones sean respetadas porque en ellas no sólo se decide el derecho sino que llevan el compromiso ético de respetar el derecho sin consigna ni amenaza de los entes externos a su función.
Pretender revivir modelos en el pasado reciente fueron superados no abona a ese propósito, por el contrario: se resta fortaleza a una institución a la que estamos llamados a proteger.
En una democracia, la tarea del Poder Judicial es la de ser el instrumento pacífico para dar cauce a la inconformidad y confronta social; sin jueces independientes, fortalecidos en sus necesidades vitales con salarios dignos y garantías para el ejercicio de sus atribuciones, se pone en riesgo la estabilidad misma del estado de derecho.
Como lo ha sostenido reiteradamente el máximo tribunal de nuestro país, sí, la Suprema Corte de Justicia, ha enfatizado (y cito las ideas de la controversia constitucional 81/2010), que “el legislador local tiene una exigencia primigenia de garantizar condiciones de independencia y autonomía de los poderes judiciales estatales que deben plasmarse en la ley bajo criterio de no regresividad para evitar que se merme o disminuya indebidamente el grado de autonomía e independencia judicial existente en un momento determinado”, cierro la cita. Convocados pues y estamos seguros que así será, que esta Legislatura y sus integrantes le apostarán a una reforma judicial cuyo propósito central sea hacer posibles los postulados de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución federal, impulsar y garantizar la independencia judicial. Es una obligación no solo de corte constitucional sino que es una condición indiscutible del sistema democrático; esa es nuestra aspiración y seguro estoy de que ese es también el propósito de esta Legislatura.
Finalmente quiero cerrar mi intervención para hacer entrega a quien preside estos trabajos, de un concentrado de los datos estadísticos de los últimos diez años en materia jurisdiccional en Nayarit; datos que sin duda reflejan el trabajo de todos los días de jueces y magistrados en el sistema de justicia. Estoy seguro que estos datos pueden servir de análisis, de sustento, para la discusión que habrán de generar no solo las comisiones, sino el propio Pleno del Congreso del Estado.
Muchas gracias a todas y a todos”.
Contacto.- cronicaslip@gmail.com
