Uno de los logros que tiene varios autores, Miguel Ahumada, Edgar Veytia, y otros pretensos, es la Ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit; con esta norma que se publica el 15 de mayo de 2014, el gobierno del Estado, hace un avance en el cumplimiento de la rigidez de la reforma constitucional que impone en nuevo sistema de justicia penal en todo el país, para cuya vigencia faltan solo 355 días para su implementación en todo el país.
Con esta ley, se regula la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Fiscalía, en el cumplimiento de su grave responsabilidad de ser la institución que tiene la titularidad del Ministerio Público en materia de procuración de justicia, cuyos principios, de manera declarativa nadie pone en tela de duda, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
Como toda institución del Estado, está integrada por personas de poca, mucha o nula preparación profesional para el puesto que ocupan; nadie osa en escatimar adjetivos de reconocimiento a su titular, el fiscal de hierro, que hizo la hombrada de haber pacificado la entidad, al haber exterminado la delincuencia que azotaba todos los órdenes de la vida comunitaria. Este mérito, nadie se lo va a quitar y es el mejor de los activos del “güero” Veytia.
El diseño de la policía Nayarit, grupo de respuesta táctica, de durísima forma de accionar, es otro logro; son bastiones que le dan al gobierno de Roberto Sandoval, un rango de reconocimientos en el interior de la Conago y en el gobierno de la república.
Empero, otra de las funciones, la sustantiva de darle respuesta al reclamo ciudadano, en la procuración de justicia de sus derechos agraviados, en el marco difícil de la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, ahí, se han generado varios espacios que han redundado en magras formas de atención a la ciudadanía demandate; y el asunto tiene varias vertientes interpretativas.
Tradicionalmente, todo empleado de lo que es ahora la FGE, mantiene frente a las personas que acudan tanto como víctimas como victimarios, una airecito de perdonavidas, de autoritarismo e intimidación que se percibe en el ciudadano, desde el momento en que se realiza su entrada al edificio de la FGE; son burócratas que se sienten cabrones porque portan un uniforme y una arma, tratan a la gente con mal modo, irreflexivos y autoritarios.
Nadie pone en tela de duda, los mecanismos de seguridad que se le tienen que prodigar a la persona del fiscal, pero tratar a los demandantes de justicia cual sus patas, es un oprobio que debe modificarse; se puede hacer lo mismo, pero con modales diferentes, que impliquen el mínimo respeto al ciudadano.
EL FLUJO ADMINISTRATIVO
Son dos formas por medio de las cuales se inicia el accionar de la procuración de justicia, cuando se dan los hechos que pueden ser punitivos y son del conocimiento de las policías municipal y estatales; y, cuando el ciudadano agraviado acude a presentar su denuncia o querella correspondiente por escrito; en la oficialía de partes, sus burócratas, de continuo llegan tarde, nueve veinte, nueve treinta de la mañana, y entre que se pintan o van por su lonche les dan las diez de la mañana.
Los litigantes presentan sus escritos, original y tres copias, quien los recibe, sea fémina o varón, tardan en leer todo el escrito de denuncia, platican en voz baja entre los otros miembros de esta oficina y la reciben, sellan y le dicen a quien presentó el escrito: “venga en tres días para decirle a dónde se mandó..”.
Empero, si el denunciado es una persona que dice trabajar en la fiscalía o es un periodista de estos fidelizados que defienden a capa y espada al gobernante, pues al leer el introito de la denuncia, la persona pone cara de azoro y de inmediato se lleva el escrito a la dirección general de investigación ministerial que preside el talentoso letrado Juan Manuel Delgadillo, “para recibir instrucciones”.
Y como el titular labora hasta horas de la madrugada, llega invariablemente a las diez treinta u once de la mañana, la presentación de una denuncia queda empantanada por que no hay quién determine si se admite o nó; lo cual es una descomunal tontería, una muestra palmaria de denegación de justicia, porque al discriminar qué querella se admite o cual se detiene, están entorpeciendo el reclamo ciudadano, violando sus derechos fundamentales.
Si los asuntos denunciados van a las mesas investigadoras, los oficiales administrativos, pasantes o abogados, atienden al abogado o al querellante, sin la mínima muestra de urbanidad; no tienen la preparación adecuada para entender el estado sico social en que se encuentra el reclamante de justicia, que ha sido robado, fraudeado, ofendido en su honor, valores o patrimonio.
Los agentes del ministerio público titulares de las mesas investigadoras, podrán ser o nó duchos en los prolegómenos para hacer mover la voluntad de la acción punitiva; pero son pésimos para tratar a las personas, víctimas o victimarios, se enfrentan en un espacio de autoritarismo de prejuzgamiento sobre los hechos que se investigan; y lo indecible, las larguezas al procedimiento previo, suponemos que es debido a la carga de trabajo de tanto asunto que tienen a su cargo.
EN LA USAP
La Unidad de Soluciones de Asuntos Penales, es una mala copia de las CODE –centro de orientación y denuncia- que se inventaron en la Procuraduría general de justicia del Estado de Nuevo León; es la entidad que debe llevar la difícil tarea de inhibir la acción penal y conminar a las víctimas a que acepten un mecanismo alterno para solucionar las resultas del delito que se le cometió en su perjuicio.
Su titular, casi nunca está en su oficina; son ex agentes del ministerio público que fueron receptores de múltiples cursos para medio acreditarlos como mediadores o conciliadores; ahí apreciamos que no tienen un código deontológico que rija sus funciones, y al igual que todo el personal administrativo de la fiscalía, prevalece la conducta burocrática desdeñosa, intimidatoria y falta de urbanidad para los reclamantes de justicia.
Nada comparado con la eficacia y atenciones que se prodigan en la dirección jurídica, que estando o nó José Alfredo Becerra, el personal no deja de laborar, no se distrae con nimiedades y tiene una excelente proyectiva para recibir con educación a quienes asisten ahí para informarse de los trámites judiciales.
De la secretaría particular y del personal de apoyo administrativo del fiscal, baste señalar el sigilo con que se conduce el famoso “Willy” y la intimidante actitud que asume el guardia de la barandilla para discriminar a la gente común de los funcionarios del ejecutivo, políticos, diputados, presidentes municipales, y algunos periodistas que acuden con Edgar Veytia a litigar sus asuntos.
Como en muchas otras áreas del gobierno de Roberto, claroscuros.., ni hay duda..!
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