México y sus entidades federales que lo componen se encuentra en un difícil y apresurado proceso de cambios, adecuaciones y reformas tanto orgánicas como normativas, a partir de la trascendental reforma del 2008 de la carta magna que establece la instauración de un nuevo sistema de justicia penal; reformas que impacta en lo inmediato a la procuración y a la administración de justicia; en lo mediato a toda la sociedad, y a largo plazo a la nación que busca redimensionarla como un país en donde impera el pleno estado de derecho.
Existe un tema la mar de trascendente en este proceso, la mutación de la procuraduría general de la república en una Fiscalía General, dotada de plena autonomía presupuestal, de gestión y técnica; y tiene como uno de sus principales retos, contar con procesos y operadores capaces de investigar y argumentar en un juicio, de acuerdo a las nuevas exigencias probatorias del sistema procesal penal acusatorio establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Y tal como ocurre a escala federal, en los 31 congresos estatales del país se han planteado iniciativas para transformar las procuradurías locales en fiscalías autónomas del Poder Ejecutivo; ya se hizo en Durango, Chiapas, Sonora, Veracruz, Colima, Tlaxcala, Jalisco y Nayarit, donde las barras y colegios de abogados penalistas se han pronunciado por que la designación de los fiscales sea por nueve años, como sucederá nacionalmente.
En nuestra entidad, conforme a las reformas del año pasado, el fiscal general dura en su cargo siete años y puede ser reelecto por un periodo similar; empero en la ley orgánica de nuestra fiscalía, establece en su artículo 4° que “La Fiscalía General es una institución con autonomía técnica y de gestión, por lo que sus funciones no podrán ser influidas ni restringidas por ninguna otra autoridad..”
En otras entidades, como señalo en Durango, Chiapas y Jalisco, sus iniciativas propusieron una total autonomía presupuestal y de gestión, así como la creación de fiscales que sólo puedan ser removidos mediante declaración de procedencia, es decir, que gozarían de fuero constitucional, similar al de los legisladores. Baste decir que en diciembre del año pasado, el Colegio Nacional de Abogados Penalistas apoya las propuestas de crear fiscalías generales tanto a escala federal como de los estados de la República, “porque garantizarán la autonomía e independencia de la procuración de justicia”.
Solo que en Durango el Congreso local dio marcha atrás después de solo 10 meses en operación bajo este esquema pues el clima de inseguridad que sufrió la entidad aumentó la presión por alcanzar resultados, y por un factor político que poco se mencionó, la regresaron al ámbito de dependencia del poder ejecutivo, por miedo al empoderamiento de su titular; un fiscal general dotado de autonomía presupuestal, de gestión y siendo transexenal su nombramiento, sin duda es un funcionario muy poderoso.
EL CASO NAYARIT
Quienes proyectaron la reforma en Nayarit, se basaron en estructuras clásicas de la figura de las fiscalías; en esta entidad se comprenden las amplias y delicadas funciones de la institución del ministerio público; junto a las de seguridad pública, fuerzas policiácas de investigación, de reacción contra la delincuencia y de prevención; tal cual de facto las ha conducido el fiscal de hierro Edgar Veytia con la multifuncional Policía Nayarit.
Y como de facto funciona, tiene ingerencia y competencia en la dirección de tránsito estatal, (¿bomberos?) y el Cereso “Venustiano Carranza”.
Solo que su liga y dependencia con el poder ejecutivo existe, entiendo por la manera en que el gobernador Roberto Sandoval maneja su diseño de control en la administración que preside, nuestra fiscalía general solo tiene autonomía “técnica y de gestión”.
De una procuraduría de justicia ineficiente y corrupta, Veytia la lleva a una estructura más funcional e independiente cuya evaluación se antoja positiva, exitosa. Sin embargo, el reto no es menor y requiere de una transformación de gran calado que de verdad modifique de fondo la estructura y operación de la institución a través de compromiso, talento, planeación, ejecución y evaluación constante. (Esto último no ocurre en ninguna dependencia del gobierno estatal).
Para llegar a este nivel, se requiere más personal realmente capacitado, nuevo sin duda, porque muchos de sus mandos, son los viejos servidores de la PGJ que si bien han hecho enormes esfuerzos en capacitarse en el NSJP, no han dado el estirón como debiera ser a trescientos y tantos días de la vigencia plena del nuevo modelo.
De entrada, lo que se requiere es la inmediatez de reformar el numeral 93 de la constitución local y el correspondiente de su ley orgánica, para dotarla de autonomía presupuestal, transexenalidad (que ya la tiene) y perfeccionar su ámbito de competencia, donde quedarían la secretaría de seguridad pública, tránsito, Cereso, bomberos y prevención civil; amén del mando único de las policías de los Ayuntamientos.
¿El problema..? será siempre sin duda político, se requiere de un hombre con el temple suficiente para entender lo poderoso que resulta ser el titular de una entidad autónoma, con el ejercicio de la fuerza del Estado; los políticos le temen al empoderamiento de funcionarios de esta naturaleza; por eso, qué importante resulta platicar de este tema con tres de los hombres del fiscal de hierro, que viven los avatares de la dependencia con el poder ejecutivo, José Alfredo Becerra, José Manuel Delgadillo y Orlando Jiménez, titulares de la dirección jurídica, de investigación ministerial y de administración que incluye a la secretaría de seguridad pública; talentosos que tienen una clara visión del proceso de transición que se vive en la FGE.
Ellos en el ámbito de sus responsabilidades, conocen las obsolescencias de depender del ejercicio del presupuesto que tienen asignado, en egresos de la secretaría de finanzas; algo tan imperioso y elemental como gasolina para los vehículos, papel para las fotocopiadoras o toner´s para las impresoras de los agentes del MP, tienen dilaciones merced al trámite burocrático de oficinas que no conocen o valoran la impronta del hecho que es contundente, en el combate a la delincuencia y en la procuración de justicia no es dable tener problemas de operación.
LO DESEABLE
La autonomía funcional y presupuestaria a la FGE es una de las medidas que más empoderan a la institución y a su titular. Al no estar subordinada a ningún otro poder, como actualmente lo está ante el Ejecutivo, el órgano estatal de procuración de justicia idealmente deberá investigar y perseguir los delitos en representación de la sociedad, sin ningún otro interés más allá del estricto apego a la ley.
Como su titular fue designado por un periodo de siete años salvaguarda a la institución de vaivenes políticos y de interrupción en políticas específicas de persecución de los delitos. Un eventual empoderamiento del Fiscal permitiría diseñar y aplicar una verdadera política criminal, que enfoque los recursos de la institución para combatir los delitos con mayor impacto social, y que promueva soluciones alternas y formas anticipadas de terminación de los procesos penales para el resto de los hechos punibles.
Para llegar a este escenario ideal, el gobernador Roberto Sandoval debe tener todo el análisis del caso, los pros y analizar concienzudamente los contras; los diputados tienen que saber a cabalidad el tema, tal como sucede en otras entidades y Edgar Veytia tiene que cubrir espacios que le han generado los cambios al nuevo modelo; para darle a la sociedad una fiscalía general con amplias facultades y enormes responsabilidades ante la sociedad.
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