Por Surya Palacios / Alto Nivel
En este tema hay irregularidades no aclaradas por el gobierno federal que suman más de 2,700 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico de la Cámara de Diputados que se encarga de revisar todas las cuentas del gobierno federal, detectó que el Fondo de Salud para el Bienestar del INSABI adquirió, en 2020, 650 ventiladores con un costo de 920.4 millones de pesos, pero esos aparatos no fueron entregados por el proveedor.
De igual forma, el INSABI no acreditó la entrega de 1 millón 50,000 mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, en tanto que sigue pendiente la aclaración sobre los pagos por 1,600.3 millones de pesos para la compra de otros 2,250 ventiladores.
En la revisión de la Cuenta Pública 2020 de la ASF, que ya fue entregada a la Cámara baja, la institución asegura que el INSABI “no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria” de la adquisición de esos ventiladores.
Todas estas irregularidades encontradas en el INSABI suman 2,561.2 millones de pesos del presupuesto.
Pagos dobles e indebidos
A su vez, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también adquirió ventiladores “adulto pediátrico-neonatales”, una operación en la que la ASF emitió observaciones por 86.6 millones de pesos, debido a que “se realizaron pagos indebidos por contribuciones de comercio exterior”.
El ISSSTE también erogó recursos públicos por 10 ventiladores que previamente ya habían sido pagados, es decir, se pagó dos veces por esos insumos, en tanto que el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE devolvió al almacén central 15 ventiladores que presentaron fallas, sin que al mismo tiempo haya solicitado al proveedor la sustitución de esos aparatos.
Adicionalmente, la ASF comprobó que el ISSSTE no realizó correctamente el registro contable de algunas operaciones relativas a la donación de medicamentos recibidos del INSABI; no se elaboraron las actas de entrega-recepción, ni se conciliaron siete órdenes de suministro; y en la contratación de personal médico y paramédico se determinaron pagos indebidos por 2.2 millones de pesos.
De su lado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató personal de salud para atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, detectándose una diferencia de 27.4 millones de pesos entre las cifras contenidas en las nóminas de esos trabajadores, contra el monto reportado como pagado por ese concepto.
La ASF también identificó que en la adquisición de 8 equipos con un costo de 15.1 millones de pesos, la empresa adjudicada notificó a la Sedena que esas unidades eran de especificaciones diferentes y de precios menores a lo establecido en el contrato. Además de que esa misma dependencia celebró 8 contratos para equipar un hospital, sin considerar el tiempo que se emplearía para su remodelación, lo que ocasionó que los bienes permanecieran ociosos entre 6 y 10 meses.
Así mismo, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la Secretaría de Marina (Semar) no realizó investigaciones de mercado adecuadas, lo que provocó que la Marina no pudiera obtener precios menores en la adquisición de medicamentos. En este rubro, la ASF también observó la contratación de empresas que no tenían el objeto social, ni la capacidad técnica y económica necesarias para proveer de insumos médicos a la Semar.
Por otro lado, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se revisaron 10 contratos por 1,309.8 millones de pesos para la compra de 450 ventiladores, 645 monitores de signos vitales, 200 carros rojos para reanimación y 108 ultrasonidos digitales, identificándose que el prestador del servicio no brindó mantenimiento a 194 equipos.
El IMSS tampoco proporcionó evidencia documental que compruebe la aplicación de penalizaciones, recuperación de garantías por siniestro y servicios no realizados a los equipos revisados, que suman un monto de 11.9 millones de pesos.
Además, este instituto no acreditó la recepción de bienes por 4.8 millones de pesos, y no aclaró una diferencia por 8 millones de pesos determinada entre el importe reportado como ejercido y el pagado a un proveedor.
Entre las irregularidades encontradas en el ISSSTE, Sedena e IMSS suman 156 millones de pesos que, sumados a los 2,561.2 millones de pesos de irregularidades en el INSABI, dan un total de 2,717.2 millones de pesos.