Intervenir y grabar comunicaciones es un delito, pero el contenido de los audios también muestra la conducta irregular del encargado de procurar justicia en México.
Los audios filtrados y reproducidos ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, exhiben además a un fiscal asesorándose con un subalterno sobre un asunto que involucra no a la institución, sino a un pleito judicial que solo atañe a Gertz Manero, lo que nos habla de un uso abusivo de las facultades y funciones que debe desarrollar el encargado de procurar justicia en México.
En nuestro país, intervenir comunicaciones privadas sin mandato judicial es un delito que se sanciona con penas de prisión de entre seis y doce años, y multa de hasta 57,732 pesos, de acuerdo con el artículo 177 del Código Penal Federal. Por eso la FGR ya abrió una carpeta de investigación para dar con el o los responsables de las grabaciones, según dijeron a la prensa fuentes de la Fiscalía.
Si bien perseguir el delito cometido por la intervención de las llamadas de Gertz Manero es lo menos que puede hacer la dependencia a su cargo, no se puede obviar el contenido de las grabaciones que muestran a un fiscal reconociendo una actuación indebida con los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Qué dicen los audios filtrados?
En los cuatro audios filtrados, el fiscal general habla con Juan Ramos López, fiscal especializado de Control Competencial de la Fiscalía General, sobre el proyecto del ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, encargado de la revisión de un amparo en el caso de la sobrina política del titular de la FGR, Alejandra Cuevas, quien está presa -desde octubre de 2020- acusada por el homicidio culposo del hermano de Gertz Manero.
Cuevas, de 68 años, y su madre Laura Morán, de 88 años, esta última esposa del fallecido Federico Gertz Manero, están señaladas por su poderoso familiar de haber ocasionado la muerte del hermano del fiscal.
El procedimiento penal en contra de ambas mujeres, aunque solo Alejandra Cuevas es la que está privada de su libertad, está a cargo de jueces de la Ciudad de México, aunque ya se concedió un amparo que plantea la posible libertad de Cuevas, el cual llegó a la Suprema Corte para su revisión.
En las grabaciones, Alejandro Gertz Manero apunta que ya tiene el proyecto del ministro Pérez Dayán, un documento que deberá ser discutido próximamente en el pleno del máximo tribunal del país, y que -formalmente- no puede ser dado a conocer a las partes.
El fiscal agrega que el ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán elaboró su proyecto sin considerar lo que presuntamente el togado ya había acordado con el mismo Gertz Manero, quien se queja con improperios de que el amparo en revisión tendría como resultado la libertad de Alejandra Cuevas, si se vota favorablemente en el pleno de la SCJN.
Las implicaciones
Esto último exhibe al titular de la FGR utilizando su cargo para intervenir de manera indebida en un tema que debe resolver de manera independiente el Poder Judicial de la Federación, lo que confirma lo que es un secreto a voces en la Corte, pues el máximo tribunal del país recibe toda clase de presiones por parte del Poder Ejecutivo.
El pasado 16 de febrero, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reconoció que se reunió una semana antes con el fiscal Alejandro Gertz Manero, para tratar asuntos oficiales.
“Es cierto que me reuní con el fiscal general, tratamos distintos asuntos, distintos temas, por razones obvias las pláticas que tengo con el fiscal no solo son privadas sino confidenciales”, refirió Zaldívar en una rueda de prensa.
En esa ocasión, se le preguntó expresamente al presidente de la Corte si Alejandro Gertz Manero le había informado sobre una presunta denuncia, por desvío de recursos, en contra del ministro Luis María Aguilar Morales.
“No podría yo ahondar más en este aspecto, le ruego su comprensión porque estaría cometiendo un acto indebido al socializar temas que me parece que no sólo por educación sino por ley tienen que ser absolutamente confidenciales”, respondió el presidente la Corte.
La presunta denuncia en contra del ministro Luis María Aguilar Morales, quien fue presidente de la SCJN antes que Zaldívar, forma parte de las presiones que la Fiscalía suele ejercer en contra de los integrantes de ese Tribunal.
Cuando a la FGR se le pide información oficial sobre una carpeta de investigación, esta siempre responde que no puede revelar nada debido a la secrecía de la investigación. En contraste, si hay algún tema que a la Fiscalía le sirva como amenaza para alguien o para una institución, extraoficialmente se filtran a la prensa presuntas indagatorias que al final no pueden ser comprobadas.
Con ese mismo estilo que raya en los gansteril, en esta ocasión, los audios filtrados de Alejandro Gertz Manero lo exhiben como un funcionario que utiliza su cargo, y el personal de la FGR, para litigar asuntos privados; que presiona -dada su jerarquía en el servicio público- a integrantes del Poder Judicial de la Federación, y que, justo por el puesto que ostenta, tiene acceso -de manera indebida- a información que solo puede conocerse en la Corte.
Es decir, quien debería procurar justicia en México, un país aquejado en demasía por la violencia del crimen organizado, en realidad dirige una institución plagada de actos delictivos, sin control alguno sobre las comunicaciones, y sin que en realidad exista en el organismo un verdadero control sobre la forma en la que se ejercen los recursos públicos.
