Por: Surya Palacios / Alto Nivel
El gobierno actual de la CDMX, las constructoras y las supervisoras de esa línea, también deben ser citadas a juicio, dice el abogado de los acusados
Debido a que hasta hoy no hay una respuesta -jurídicamente válida- para estas preguntas, el miércoles personal del despacho Regino Abogados presentó ante el Ministerio Público una denuncia por homicidio culposo, lesiones, daño en propiedad, y negligencia criminal, en contra del actual secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva; la exdirectora del metro, Florencia Serranía; y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.
Adicionalmente, se prevé denunciar a todas las empresas que participaron en la edificación y supervisión de la línea, empezando por la que es propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), que estuvo a cargo de la obra.
Obviamente, es difícil que una denuncia de este tipo prospere, por la parcialidad con la que se ha manejado la Fiscalía, reconoce Regino, sin embargo, en el proceso ya emprendido por el Ministerio Público local se pedirá que declaren.
Trato selectivo
Esta semana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formalizó su acusación ante un juez en contra de 10 exfuncionarios y empleados de empresas, entre los que se encuentra Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro. La imputación es por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad, debido a errores de construcción y deficiencias en la colocación de pernos.
En contraste, aunque Carso fue la principal constructora de la vía, no existe ninguna causa penal en su contra, pues el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum decidió “no acusarlos, no molestarlos, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, pero nosotros sí los vamos a llamar a juicio, nosotros sí los vamos a llamar a que declaren, no los vamos a dejar ir así”, dice Gabriel Regino.
En ese tenor, el miércoles Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) celebró un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno capitalino y el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro), para realizar -a cargo del consorcio- “trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México”.
De acuerdo con un comunicado de esa firma, “CICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del metro”, que era operada y supervisada de manera independiente por el STC-Metro “desde que el consorcio entre CICSA-ICA-Alstom la entregó a satisfacción” del Gobierno de la Ciudad de México en el año 2013.
Al respecto, Regino cuestiona el “trato preferencial” que las autoridades han tenido con Carso, a diferencia de lo que ocurre con sus defendidos, a pesar de que, en este tipo de delitos, los culposos o no intencionales, el Ministerio Público está obligado a agotar las instancias de mediación antes de emprender un juicio.
¿Por qué a Carso sí se le dio la oportunidad de un acuerdo reparatorio, se le dio un trato preferencial, no se le acusó, y por qué a mis representados nunca se les citó, no se les permitió el acceso a la investigación?, y no se les ha permitido ni siquiera optar por la opción de un acuerdo reparatorio. Como podemos ver, aquí la justicia es selectiva”, enfatiza el entrevistado.
Irregularidades procesales
La audiencia de imputación en contra de Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro; Juan Antonio Giral, exdirector de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles, y siete acusados más, se llevará a cabo ante un juez de control el próximo lunes 25 de octubre, a pesar de que la defensa de cinco de estos no ha completado el análisis de la carpeta de investigación.
Esta es otra irregularidad procesal en la que ha incurrido la Fiscalía de la Ciudad de México, pues el artículo 19 de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen claramente que cualquier imputado tiene derecho a conocer todos los registros de la investigación.
En este caso, los expedientes de la indagatoria fueron entregados al despacho de defensores apenas la noche del miércoles de esta semana, se trata de documentos que suman “dos terabytes de información” que este jueves aún no podían ser descargados completamente por los litigantes.
Lo que la fiscalía hizo durante casi seis meses quieren que nosotros lo revisemos en apenas tres días, es humanamente imposible, no hemos podido terminar de descargar ni el 30%”, detalla el abogado.
Todo este panorama, añade, muestra que “estamos ante un totalitarismo de la Fiscalía y de la administración capitalina para lavarse las manos que las tienen manchadas de sangre”, concluye Gabriel Regino.
Oficialmente, según el dictamen de la empresa DNV que mandó realizar el gobierno de la capital mexicana, el colapso de un tramo de la Línea 12 del metro “ocurrió como resultado del pandeo de las Vigas Norte y Sur facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa(,) lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta”.
El peritaje añade que las vigas del área elevada del tramo experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas, creándose así las condiciones que llevaron a una distorsión, que a su vez propagó “grietas de fatiga que redujeron aun más la capacidad de la estructura”.