La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, nos trajo a la vida comunitaria de los mexicanos varias novedades importantes, las cuales debieron cambiar de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México.
Son varias las novedades jurídicas de entre las cuales debemos destacar las siguientes:
La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución cambia, dejando atrás el anticuado concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La expresión derechos humanos es mucho más moderna que la de garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho internacional, si bien es cierto que lo más pertinente desde un punto de vista doctrinal hubiera sido adoptar la denominación de “derechos fundamentales”.
En el artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora simplemente los “reconoce”. A partir de la reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable.
En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad (integrada no solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano.
Este es el marco de los derechos vigentes que en cada entidad perviven e interactúan con los ciudadanos y el poder público; este es el cometido y la razón de la existencia de la Comisión estatal de defensa de los derechos humanos.
Este fin de semana ante el pleno de los diputados de la Trigésima Primera Legislatura, el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, maestro Guillermo Huicot Rivas Álvarez, presentó esu informe anual de actividades, conforme lo establece la Constitución Política del Estado de Nayarit.
LOS NÚMEROS DE HUICOT
El Ombudsman nayarita hizo entrega del informe al Presidente de la Mesa Directiva, diputado Jorge Humberto Segura López, documento que contiene la información detallada de las actividades realizadas por este organismo durante el 2015.
En este informe, detalló que durante el presente año la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos recibió un total de 492 quejas, integrando los expedientes correspondientes, de los cuales se resolvieron 437 por los medios ordinarios.
La información que proporcionó Huicot a los diputados, son que los principales hechos violatorios presentados por los quejosos fueron; ejercicio indebido de la función pública en 349 casos, 59 quejas por detección arbitraria, 54 por violación a los derechos de los reclusos e internos, 48 por discriminación, 41 por abuso de autoridad, 37 por golpes, 27 en amenazas, 25 por violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 19 por negligencia médica, 17 por negativa o inadecuada prestación de los servicios de salud, en prefabricación del delito 17, dilación en la procuración de justicia 15, hostigamiento laboral 12 y 137 casos más que se desglosan en 22 conceptos.
Señaló el hijo del “Ché” Rivas, que se emitieron un total de 33 recomendaciones a dependencias de gobierno y poderes en el Estado, ya que de acuerdo a las visitas realizadas en las cárceles de la entidad se detectaron la existencia de violaciones a los derechos humanos en las cárceles de los municipios de Acaponeta, Del Nayar, San Blas, Tuxpan, Ruiz, Compostela, Ixtlán del Río, Rosamorada, Bahía de Banderas, San Pedro Lagunillas, Tepic y la comunidad de Las Varas.
En su intervención en el pleno, Rivas Álvarez reconoció el trabajo parlamentario de los legisladores nayaritas en materia de protección y derechos humanos; y les convocó a continuar en la tarea común de la defensa y promoción de los derechos humanos en bien de los ciudadanía.
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