• Ante la destrucción constitucional

• Disolución del sistema político

La constitución Política de los Estados Mexicanos, pese a los cientos de modificaciones y manoseos estólidos de los que ha sido objeto, conserva aún un dispositivo que preserva la estructura jurídico-política del Estado mexicano; al modificar Morena y de facto abolir sus “cláusulas pétreas” han destruido el estado constitucional de derecho que se construía con la participación de todas las fuerzas políticas.

El contenido de estas cláusulas pétreas son aquellos principios fundamentales de la Constitución que no pueden ser reformados, modificados ni abolidos. Morena con su inconstitucional sobrerrepresentación legislativa ya lo hizo.

Funcionaban como límites materiales al poder legislativo; al ser alterados destruyó la esencia del Estado y rompió el orden constitucional; ha modificado la forma de gobierno, el sistema democrático, las bases de participación ciudadana, la soberanía popular y los derechos fundamentales.

En la tradición jurídica mexicana, las cláusulas pétreas aseguraban la continuidad ideológica y política de la nación; ergo, tiempo es de aplicar el artículo 136 de la carta magna.

Este artículo consagra el principio de inviolabilidad constitucional; claramente establece que la Carta Magna no pierde su fuerza ni vigor, incluso si su observancia es interrumpida por una rebelión o trastorno público, garantizando su restauración automática y el juicio de los usurpadores una vez que el pueblo recobre su libertad.

Algunos juristas están concluyendo que todo el trastocamiento constitucional que está haciendo Morena y lo que quieren hacer en este próximo periodo extraordinario del legislativo federal, puede ubicarse con lo establecido con el 136 de la carta magna; ya que este artículo es el pilar de la supremacía constitucional. Los debates académicos, como los documentados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analizan cómo este precepto niega implícitamente el «derecho a la revolución». 

Este principio establece que la ley fundamental se mantiene omnipotente sobre cualquier régimen de facto o usurpación temporal. Aparentemente Morena y sus aliados cubren los requisitos constitucionales, empero desde la inconstitucional sobrerrepresentación legislativa en el legislativo federal han roto el orden constitucional; se impone su restauración.

Un tema central en el debate jurídico es el restablecimiento automático del orden constitucional. En teoría, una vez superado el trastorno, todas las instituciones democráticas y los derechos fundamentales vuelven a cobrar vigencia inmediata, invalidando cualquier decreto o ley emitida por el gobierno de facto.

Ah..! y luego queda el problema de la aplicación punitiva contra quienes hayan destruido el orden constitucional con un juicio a los responsables y aquí el debate aquí radica en la legitimidad de los tribunales que juzgarían a los insurrectos y la aplicación del principio de legalidad frente a regímenes de excepción.

Empero aquí hay un factor que no está considerado en la constitución, se trata de las acusaciones que las Cortes norteamericanas están operando en contra de los políticos y gobernantes de los gobiernos estatales; hemos de ver si éstas suben de nivel.

Juristas discuten qué nivel de alteración pública activa este artículo; se argumenta que no se requiere una subversión total del sistema, por ejemplo, instaurar una monarquía o abolir la democracia, con las crisis de gobernabilidad, y el accionar de la delincuencia organizada pudiese o debiese proceder.

Un tema no apto para legos en derecho constitucional, pero que surge ante el tétrico panorama pre electoral que ya campea por todo el país con las prisas de Morena que se adelanta un año en la preparación para enfrentar los próximos comicios del 2027.

Es tiempo de aplicar este artículo 136 constitucional…? Digo, antes de que se les ocurra tocarlo, como los dislates del doctor en derecho Ricardo Monreal que quiere otorgarle al INE y al TRIFE facultades que no le conciernen como la “defensa de la soberanía nacional” y la detección de candidatos apoyados por el narco; quiero ver quién de los concejeros del INE  o magistrado de la sala superior es el valiente que se atreve a nulificar una candidatura apoyada por estos poderosos señores que han instaurado ya un Estado paralelo en el país…

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