• Personal viaja a La Yesca
• Escasa comunicación en medios

Recientemente, en el portal del excelente periodista que es Rafael Vargas Pasaye, difundió la nota informativa de que el personal de diversos juzgados federales, así como Tribunales colegiados de este circuito judicial que comprende la entidad, y unos funcionarios de dependencias que no se conocía su existencia en el poder judicial de la federación, llevaron a cabo una gira en el municipio de La Yesca.

Estuvieron presentes la alcaldesa Del Nayar, Imelda Escobedo, de Ruiz, Adolfo Betancourt Salas, y la anfitriona Rosy Reyes, quien en su mensaje señaló que “el hecho de que altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estén aquí en La Yesca, Nayarit materializa de manera clara y contundente la transformación del poder judicial”.

De parte del poder judicial federal en Nayarit integraron la comitiva las magistradas Sinahí Navarrete, Mara Rodríguez, Karen Reyes, Luz del Carmen de la Rosa y el magistrado Antonio Calderón, en unión de algunos jueces y juezas.

Y según la nota de Rafa, presente por la Suprema Corte encabezaba la comitiva el responsable de la Unidad de Conocimientos Científico y Derechos Humanos, Dr. Víctor Leonel Juan Martínez, quien dijo que el objetivo de la visita fue “establecer un diálogo con las formas que tienen las comunidades indígenas de hacer justicia”.
Nos llamó poderosamente la atención de que a este evento no fuera invitado el poder judicial del Estado de Nayarit, dado que la obviedad nos lo indica y cualquier abogado litigante lo sabe, la inmensa mayoría de los conflictos sociales y judiciales que tienen en este tipo de comunidades son del fuero común y de los Tribunales unitarios agrarios cuyos titulares no se incluyeron en esta singular visita.

Sin duda el evento lo van a difundir en el canal de “Justicia TV” y hemos de constatar que su edición será para mostrar empatía con los pueblos originarios, y de los municipios marginados del quehacer judicial.
A la luz de la racionalización del derecho judicial en el contexto de la reforma del poder judicial de la federación, se constata la difícil concreción de la orientación de política justicialista que le quiere dar el ministro presidente de la SCJN Hugo Aguilar, puesto que sus propuestas de trabajo, incluyen la implementación de ejes como la «justicia cercana al pueblo», que busca priorizar el interés colectivo, y la «justicia real y verdadera», obligando a los jueces a mirar la realidad de los ciudadanos.
El sistema jurídico constitucional de nuestro país, reclama una capacitación profesional a toda prueba, y estos lances mediáticos, parecen más instrumentos de ideología política, ya que el derecho judicial es un cuerpo de normas no sujetas a la veleidosa interpretación política de un gobierno en turno; los paradigmas del derecho se verían desnaturalizados con imbricaciones de política populista.
Muy diferente ha sido el actuar del magistrado presidente del TSJ de Nayt, Edgar Omar Salazar, quien en unión de la titular del Órgano de administración judicial María de los Ángeles Flores y la presidente del Tribunal de Disciplina judicial María Verdín, han llevado a cabo en estas semanas de vigencia de la reforma judicial, un ejemplar ejercicio de armonización del nuevo esquema de los órganos de gobierno interior del poder judicial local.
Acciones que serán tema de la siguiente nota de opinión…

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