Descartan Aumento Presupuestal al INE para Realizar Consulta de Revocación

Segob descartó aumento presupuestal al INE para realizar consulta de revocación de mandato.

Luego de que el gobierno federal anunciara la presentación de la propuesta de austeridad para el Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consejero presidente del instituto, expresó que este no era un plan serio. Y aseguró en una entrevista para Joaquín López-Dóriga que lo que buscaba el gobierno federal era “maltratar a sus trabajadores”.

Ante ello el actual representante del presidente en las conferencias matutinas y Secretario de Gobierno, Adán Augusto, dijo que se respeta la opinión del Consejero, Presidente del INE, sin embargo, aseguró que no habrá incremento en el presupuesto para realizar la consulta para establecer la revocación de mandato y que la propuesta presentada ante el INE era “un trabajo a profundidad”.

“Se revisaron todos los rubros de presupuesto de egreso 2022 y elevamos ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso pudieran aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales que son los que permitirían casi 3 mil millones de pesos lo que conformaría dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato que es una obligación constitucional”

Cabe señalar que el Consejo General del INE aprobó el 12 de enero de este año, solicitar a la Secretaría de Hacienda mil 738 millones de pesos, adicionales a lo que se otorgó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para poder realizar la consulta popular.

Sin embargo ante esto, el gobierno federal ha sido muy claro, ya que, de acuerdo con el secretario de Gobierno “no esta en discusión que se vaya o no a llevar a cabo la consulta de revocación de mandato” y que “no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal » aseveró el funcionario en la conferencia del 14 de enero, agregó que el 13 de este mes, las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el sectario de la función pública informaron que no hay margen en el presupuesto público, ya que esta muy acotado por los programas de bienestar y salud.

“No estamos afectando a la plantilla laboral, no se afecta a la base de trabajadores se proponen entre otras cosas, la cancelación de los seguros de separación y el de gastos mayores de separación médica individualizada, se propone que haya un ajuste, de acuerdo a la política de austeridad, en cuanto a los emolumentos de los alto funcionario públicos. No estamos diciendo que se cancelen la prestaciones que por ley tiene derecho cualquier funcionario o trabajador”

“Ojalá y ellos decidieran aplicar esas medidas de austeridad que no afectan al módulo de plazas, al personal, o a los trabajadores del instituto, no se propone alguna reducción de plazas, simple y sencillamente se analizan y proponen ajustes de austeridad” aseguró Adán Augusto.

Además criticó las condiciones con las que cuentan algunos de los funcionarios del órgano de elecciones “Un alto funcionario no tiene porque o no debe tener, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayor, a costa de la institución, pues si somos trabajadores del servicio del Estado tenemos derecho a recibir atención médica en el ISSSTE”

Cabe señalar que el representante del presidente aseguró que es responsabilidad del INE establecer el 100% de las mesas de consulta ciudadana. “La responsabilidad de que se desarrolle el proceso en términos de ley, son ellos los que tienen que, en este caso, rendir cuentas al final de la jornada y asumir la responsabilidad que tiene como consejeros de hacer las cosas bien

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ha asegurado que se ha emprendido “una lucha” en contra del órgano colegiado desde que se anunció la realización de la consulta de Revocación de Mandato y ha asegurado que no les importa la calidad de este ejercicio democrático.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del 12 de enero recalcó que el INE ha trabajado en cumplir con su obligación constitucional, a pesar del “abuso autoritario del uso penal del Estado” que se vislumbró semanas atrás cuando se realizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de seis consejeros por parte de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.