Militarización e inseguridad, el saldo de 3 años de gobierno de AMLO

Por: Surya Palacios

Luego de 36 meses de gestión presidencial, los resultados no son positivos, hay más pobreza, más delitos, y el sector salud se ha deteriorado gravemente.

Los principales problemas de México que en campaña prometió resolver el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la pobreza, la inseguridad, las actividades del crimen organizado y la corrupción, no solo se mantienen, sino que se han agudizado tres años después de haber tomado posesión del cargo, añadiéndoseles una creciente y preocupante militarización de las actividades que le corresponden, por ley, solo a las autoridades civiles del país.

Organismos no gubernamentales han documentado que al menos 246 labores que deberían realizar servidores públicos civiles ahora están en manos del Ejército y de la Marina, destacándose el control castrense de puertos, aeropuertos, aduanas, Guardia Nacional, construcción de proyectos, distribución y aplicación de vacunas en contra del Covid-19, entrega de fertilizantes, y hasta reparto de libros de texto, entre otras.

El presidente López Obrador considera que soldados y marinos son más eficientes, más honestos y menos corruptos, además de que, bajo los principios de obediencia y disciplina que imperan en el Ejército, el mandatario ha optado por dejar en sus manos funciones que la Constitución faculta exclusivamente para los civiles.

Esto ha ocasionado un aumento significativo de los recursos presupuestarios en poder de la milicia, en tanto que -en similar proporción- disminuye la transparencia y la rendición de cuentas.

El problema no es menor, pues la lógica de la administración castrense, aunque esté dirigida por un civil, que es el presidente de México, no es compatible ni con los principios democráticos, ni con la distribución de facultades que la Constitución y las normas establecen.

No solo estamos ante trasgresiones a las normas de la carta magna, sino ante un mecanismo de transferencia del poder civil al militar, cuya consecuencia inmediata es establecer un control social que inhiba las manifestaciones disidentes o de oposición de la ciudadanía.

Como ejemplo de esto podemos mencionar la aplicación de vacunas en contra del Covid-19 en menores de edad sanos, beneficiados con amparos promovidos por sus padres. Los encargados del cumplimiento de los fallos jurisdiccionales, antes de que el gobierno federal aceptara vacunar a este grupo etario, eran militares, quienes en México son los únicos que distribuyen y resguardan de las vacunas, aunque esa sea una función que legalmente debería realizar el personal civil de la Secretaría de Salud.

El tener que acudir a un cuartel u hospital militar para vacunarse en contra del coronavirus, luego de haber obtenido una suspensión provisional o definitiva en un juicio de amparo, inhibe a la población, y aunque son cientos los menores sanos que ya fueron inoculados con el biológico, decenas de familias prefieren no tener que enfrentarse en tribunales con una autoridad responsable que no es civil, sino militar.

Delitos y desapariciones al alza

Aunque inicialmente había prometido “regresar al Ejército a los cuarteles” para que ya no estuviera a cargo de la llamada guerra contra el narcotráfico, López Obrador cambió de opinión desde el inicio de su gobierno, aumentando la presencia militar en todo el país.

Sin embargo, ni la Guardia Nacional, que de facto es una corporación militar y no civil como lo establece la Constitución, ni el Ejército, ni la Marina, han podido detener el número de homicidios que se registran en México.

De hecho, en el más reciente estudio del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se reporta que 2019 fue el año más violento en la historia de nuestro país, siguiéndole -en segundo lugar- 2020, y muy probablemente el 2021 cerrará también con un récord histórico de delitos.

En conjunto, “en los primeros 35 meses de esta administración tenemos más de 103,000 muertos”, además de que ha habido otros retrocesos importantes por la eliminación de las capacidades y competencia de diversos organismos gubernamentales, detalló en una entrevista radiofónica Francisco Rivas, director del ONC.

El estudio “Tres años sin gobernabilidad, resultados, ni rumbo fijo en seguridad” del Observatorio Nacional Ciudadano revela que en los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han desaparecido 10,000 personas más que las que sufrieron ese delito en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), sumando ya 39,000 desaparecidos solo en la actual administración.

Además, este incremento “también coincide con el creciente número de fosas clandestinas y personas sin identificar que a diario llegan a los servicios médicos forenses en todo el país”, añade el análisis.

Todos los delitos que se registran en México, incluyendo las desapariciones forzadas o cometidas por particulares, tienen un denominador común: Los gobiernos estatales se han debilitado en vez de fortalecerse en su infraestructura e instituciones dedicadas a combatir la delincuencia.

Lejos de cumplir el objetivo para el que fue creada, la Guardia Nacional no ha permitido ni propiciado el desarrollo de las capacidades de las policías de las entidades federativas, por el contrario, el aumento de los territorios que están bajo control de grupos criminales es una muestra más de que, en conjunto, el gobierno federal y los de los estados no cuentan con una estrategia clara para disminuir la violencia.

Más pobres y menos sanos

A la grave situación en materia de seguridad debe añadirse el aumento de la pobreza en México, que creció 2% entre 2018 y 2020, alcanzando el 43.9% de la población, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Esa institución reveló en agosto pasado que el número de mexicanos en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones en la gestión de López Obrador.

Pero los retos de esta administración no se quedan ahí, también hay que considerar que ha sido desmantelada la infraestructura sanitaria que atendía a la población sin seguridad social antes de 2018, lo que propició un incremento en las carencias sociales de los mexicanos.

Entre 2018 y 2020 aumentó 12 puntos porcentuales la carencia “por acceso a los servicios de salud”, pasando del 16.2% al 28.2% de la población, según el Coneval.

Si bien un éxito del presidente López Obrador en su primer trienio es la ampliación de los programas sociales, que ahora apoyan a sectores que antes no eran considerados en el gasto público, la efectividad de aquellos aun es dudosa, sobre todo porque estos programas no están diseñados para ampliar las capacidades productivas de la población.

De esta forma, contrario al discurso presidencial que festina el cumplimiento de la mayoría de los compromisos hechos en campaña, en realidad México se encuentra en un momento de fragilidad institucional, con importantes retrocesos en materia de seguridad, y una rampante militarización que pone en entredicho a nuestra joven democracia.