PRÓRROGA PARA EL DESAFUERO

Luis Ignacio Palacios 13/10/2020 Comentarios
PRÓRROGA PARA EL DESAFUERO
  • Diputado aliados, mayoritean al diputado presidente
  • Empantanado el desafuero por un juicio de amparo

El magistrado Raymundo García Chávez el día de ayer, obtuvo una prórroga en el inminente dictamen de la Comisión Instructora de la XXXII Legislatura del Congreso del Estado, cuando el diputado Ignacio Langarica de Nueva Alianza, junto a Carlos Ríos del PRI y Ramón Salcedo de MORENA, mayoritearon al diputado presidente de dicha comisión Polo Domínguez, que se manifestó en contra de la propuesta del vicepresidente, que es posponer el dictamen quince días “a partir de que el Juez de Distrito resuelva en definitiva el juicio de Amparo interpuesto por el magistrado García Chávez..”.

Y en el fondo del procedimiento, los fiscales llevaron al baile a los diputados, la instrumentación de la carpeta de hechos en contra del ex secretario particular del ex gobernador Roberto Sandoval, está sujeta a criterio de inconstitucionalidad en un juicio de amparo; este escenario ha sido la constante de la actual administración, el ejercicio de la acción punitiva en contra de los emisarios del pasado, han sido desactivadas por las resoluciones de los juzgados de Distrito.

El dictamen, de cuarenta y cinco páginas, elaborado por los Abogados que tiene el Congreso, incurre en su narrativa en consideraciones que le son propias a los juzgadores, aunque son enfáticos en señalar que ellos no pueden pre juzgar sobre la culpabilidad o inculpabilidad de los hechos considerados ilícitos que le imputan al magistrado García Chávez.

El vicepresidente de la comisión instructora, diputado Ignacio Langarica, propuso la prórroga sin considerar un elemento que es la parte sustantiva de la opinión en contra que manifestó el diputado presidente Polo Domínguez, por lo que se conoce, la autoridad responsable es el pleno de la Cámara de Diputados, cuyos acuerdos sí son vinculantes jurídicamente, a contrario, los dictámenes de la comisión instructora, no lo son; son de mero trámite para que el pleno lo resuelva.

Y fue en este sentido que el criterio de Polo Domínguez, además de políticamente correcto, se ubica en una exacta interpretación de la Ley de Amparo, toda vez que ellos, pueden declarar procedente la petición de la fiscalía, pero sin remitir al pleno tal dictamen, que es cuando ya estando a consideración de la totalidad de los diputados, el acto reclamado se concretiza.

El cronista desconoce el texto de la demanda de amparo, solo se conoce una exhortativa del Juez Segundo de Distrito en materia de amparo civil, administrativo, de trabajo y de juicios federales, para que le informe el Pleno del Congreso del Estado de Nayarit –que es la autoridad responsable del acto reclamado- sobre el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida desde el trece de septiembre del dos mil diecinueve; es una resolución interlocutoria, lo que significa que está sujeta a la declaratoria del cuaderno principal, cuando se declare si la justicia de la unión ampara y protege al quejoso, o si declara su sobreseimiento.

A la argucia legal del Abogado del magistrado Raymundo García, le fortalece el criterio adhesivo del diputado de Nueva Alianza Ignacio Langarica, secundado por  Carlos Ríos del PRI y Ramón Salcedo de MORENA. Y de pasada, deja en claro, quienes son los aliados del Gobernador Toño Echevarría en su lucha política y judicial que emprendió en contra de funcionarios menores de la pasada administración.

Es, en este asunto que se aprecia a cabalidad, el tortuoso camino del quehacer judicial de la Fiscalía General del Estado, desconociendo el cronista las carpetas de investigación, se aprecia que su ulterior judicialización, no han cumplido el canon del nuevo sistema de justicia penal, dado su enorme dilación que pone en tela de juicio crítico la capacidad profesional y autonomía de la titular de la fiscalía especializada en el combate a la corrupción.

Políticamente ha sido redituable para ganar elecciones, condenar acremente la actuación de las autoridades del pasado, y calificarlos de corruptos; empero, acreditarlo ante los tribunales, como vemos, es altamente difícil. El magistrado del tribunal de justicia administrativa Raymundo García Chávez, tuvo una bocanada de oxígeno puro, gracias a sus aliados en el Congreso; y en plena recta final del gobierno de Toño Echevarría, que abrió muchos frentes de combate y difícilmente podrá terminarlos antes de que se extinga su mandato.

Contacto.- cronicaslip@gmail.com

 

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