FISCALIZACIÓN ¿PARA QUÉ..?

Luis Ignacio Palacios 18/05/2020 Comentarios
FISCALIZACIÓN ¿PARA QUÉ..?
  • Afectaron a la hacienda pública los magistrados del Tribunal Electoral
  • Se auto asignaron de manera indebida millonarias compensaciones

Con la llegada de encargado del despacho del licenciado en contaduría Salvador Cabrera Cornejo, como auditor general de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, y en el seguimiento de los resultados de la cuenta pública del 2018 que les permitieron presentar en el mes de febrero pasado, dada la trascendencia de lo que implica el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, comparto los siguientes apuntamientos.

La auditoría de los entes públicos no nace para encarcelar a los funcionarios bribones que se aprovechan indebidamente de los recursos públicos; nace a instancia de las presiones del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, para que en México se administren con honradez los recursos del Estado.

En 1995 el entonces presidente Ernesto Zedillo promueve la creación del ente superior de fiscalización que vendría a suplir a la contaduría mayor de hacienda, y es hasta el año 2000 que se crea la Auditoría Superior de la Federación ASF que goza de autonomía de gestión e independencia financiera, año en que empieza esta figura a replicarse en todos los gobiernos estatales.

De los cientos de páginas que constituyen esta cuenta pública me focalizo en el resultado de la fiscalización que hizo la ASEN al Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, cuyo magistrado presidente –entonces- Gabriel Gradilla Ortega propuso un acuerdo del pleno apoyado por todos los magistrados darse un estímulo económico extraordinario, en dos pagos el fin del año señalado.

La justificación fue “por productividad, eficiencia, desempeño laboral, calidad en el trabajo, acreditación por titulación de licenciatura, puntualidad y asistencia y otros méritos de los magistrados…” y la cantidad que en total que se auto asignaron  se contabilizó en $3,230,639.78 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL.

El órgano fiscalizador hizo bien su trabajo, con legalidad y eficiencia, señaló que tal cantidad constituyó una afectación a la hacienda pública; violando los siguientes ordenamientos: Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; y el Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit. Y determinó como presuntos responsables a los magistrados:

Gabriel Gradilla Ortega; Irina Graciela Cervantes Bravo; José Luis Brahms Gómez; Edmundo Ramírez Rodríguez; Rubén Flores Portillo, y a la directora de administración del TEEN Rocío del Refugio Carrillo Aréchiga. (llama la atención que la fiscalización no reparó en la inacción del órgano de control interno cuya titular es  Rocío Amparo Dilman Gil. )

El resultado de la fiscalización encontró también otros rubros de ejercicio indebido del manejo de los recursos del Tribunal electoral, diversas cantidades que hacen un total de $8,507,789.70 OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL.

Que constituyen afectación a la hacienda pública del Estado de Nayarit.

Conforme a su reglamentación interna, de la Cámara de Diputados local y la ASEN, toda esta acción promovida “se remite a la Dirección Jurídica (a cargo del licenciado Héctor Velasco) para que en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas promueva las responsabilidades que haya lugar”.

Como la aplicación de estas normas, les otorga un verdadero beneficio a los responsables de los entes auditados, puesto que les dan un plazo de gracia para que solventen las observaciones encontradas, y al no haberlo hecho, es cuando se le debe dar vida a la voluntad de la Ley, e irse en querellas ante la Fiscalía General del Estado en contra de los funcionarios que indebidamente afectaron la hacienda pública; sus actos, voluntarios y deliberados con pleno conocimiento del marco legal que nos rige son dolosos y con plena intencionalidad.

Son hechos cuya connotación son presumibles de delito.

Sin duda, este es un espléndido escenario para cumplimentar en todos sus términos una de las más trascendentales vertientes de la política pública del gobernador Toño Echevarría García, la transparencia y el combate a la corrupción, tesis en la que ha sido excepcionalmente enfático. Lo ha dicho recio y quedito, “el que haga chingaderas, que se le aplique la ley…”

Con el reconocimiento de eficiencia en sus anteriores trabajos, el licenciado en contaduría Salvador Cabrera Cornejo, tiene la mesa servida para hacer un excelente papel fiscalizador, y de paso convencer al diputado presidente Polo Domínguez y fracciones parlamentarias rijosas en este tema para que -ahora que ya el ex auditor general defenestrado Roy Rubio renunció- bien pudiese ser considerado para nombrarlo titular por el cómodo término de ocho años.

¿Que en este asunto –de los funcionarios auditados de la TEEN- existen relaciones cercanísimas con otros hombres del poder..? sí, y precisamente por esta condicionante, se espera que se cumpla con la ley, sin distingos, sin favores y sin discriminación. Sed lex dura lex. Sin importar que los responsables tengan maestrías y doctorados en derecho, los grados académicos no son garantía de probidad y honestidad en el ejercicio del servicio público.

Y bien vale la pena que el ahora debutante como director general de la fiscalización del Estado, le dé una lectura a las conclusiones de esta cuenta pública, la primera de este gobierno de cuatro años, que le señaló a los tres poderes, varios casos de posible afectación a la hacienda pública estatal:

Al poder ejecutivo (12 casos) con $ 12,431,965.96 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 96/00 MONEDA NACIONAL.

Al poder legislativo (2 casos) con $72,199.00 SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.

Al poder judicial (2 casos) con $535,303.56 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL.

La respuesta a la pregunta que es el título de esta columneja, ¿para qué fiscalizar..? sencillo, para que se cumpla con la ley y se rompa el ciclo perverso de que a cada llegada de nuevos funcionarios, salga una nueva camada de millonarios…

Y ver desde luego, la posibilidad de concretizar la grave admonición del gobernante, abatir la corrupción, tener honradez y transparencia en su administración.

El honorable licenciado en contaduría Salvador Cabrera Cornejo tiene la palabra…!

Contacto.- cronicaspoliticas.mx

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