INERCIAS PERVERSAS EN EL TSJ

Luis Ignacio Palacios 02/08/2017 Comentarios

Dicen los Abogados litigantes y los despachos especializados, que existe una brecha entre el reconocimiento que dice Pedro Antonio Enríquez tiene el poder judicial con sus justiciables, y el funcionamiento de sus jueces, frente a la ingente realidad que señalan los abogados litigantes; ejemplos existen, para que cuando le llegue la “queja chisme” al presidente del poder judicial, se aparezcan con los pelos de la burra en la mano.

La brecha tiene su origen en el método para medir la satisfacción del usuario de los servicios judiciales, que hizo de manera amañada el entonces rector de la UT de Tepic, el singular Héctor Béjar, un ex funcionario tan avezado que cuando terminó su gestión, se llevó a su despacho, los aparatos para espiar los teléfonos celulares que de continuo tienen monitoreando en la fiscalía general, sobre todo a periodistas de opinión.

Y que luego, se negaba a entregarlos, aducía que eran parte del reparto que el sátrapa de la mololoa había instrumentado al dejar el gobierno. En fin, el resultado de la consulta es cuestionable, considerando el escaso margen de credibilidad que tuvo el pérfido funcionario que se señala.

¿Qué dicen los Abogados litigantes..? que algunos de los jueces de primera instancia civiles, penales y del ramo familiar, les vale absolutamente madre el marco jurídico que nos rige y sus sentencias están contaminadas por el pecado común de la litigada, tuercen el procedimiento, desconocen impúdicamente la naturaleza de las probanzas y hacen interpretaciones sesgadas de juicios que no resisten el mínimo análisis racional del derecho judicial; cuestiones tan elementales como la falta de legitimidad son soslayadas de continuo.

Pedro Antonio Enríquez, ahora en su segundo periodo como presidente del CEJ y del TSJ sufre mucho para aplicar los correctivos a los jueces corruptos, cuando se dan los casos, tiene el poder judicial un sistema anacrónico para substanciar las quejas de los litigantes frente a las corruptelas de los jueces, en cuyos casos, también se imbrica la conducta de las secretarias de acuerdos.

Casos comprobados de faltas graves, los ubicuos integrantes del CEJ, les dan vacaciones pagadas a los jueces, los suspenden con goce de sueldo uno o dos meses, luego los ubican en partidos judiciales foráneos y en unos cuantos meses se regresan a la capital del Estado.

Cuando regresan estos pillos, vuelven a hacer de las suyas, y mientras no se apliquen con rigor ejemplar las sanciones a jueces venales, el poder judicial de Nayarit, seguirá con el descrédito mayúsculo ante los justiciables.

EL CAMBIO DEL PODER EJECUTIVO

No sabemos si ya se dieron las elementales reuniones del nuevo gobernador con el presidente y los magistrados que integran el TSJ; el mejor de los operadores de AEG, Daniel Saucedo, es un notario sagaz y conocedor de los interiores del poder judicial, solo que ahora, ante el inminente arranque del cuatrienio de su cuñado se encuentran con la impronta de que existe un proyecto que va a financiar el sátrapa ex gobernador, para impulsar al actual presidente del TSJ para que sea el próximo candidato del PRI al gobierno estatal.

Si es veraz este trascendido, nos encontramos con el escenario de múltiples aprovechamientos, de variopintas justificaciones que para el tricolor pueden ser viables, empero, para el nuevo gobernador, desde luego que será una cuestión incómoda –por decirlo de manera pudorosa- que en el poder judicial su presidente tenga este proyecto político.

Es el caso que Pedro Antonio debe aplicarse y volver hacia el interior del poder judicial y resolver de manera ejemplar los casos de corrupción y venalidad que se están evidenciando, y no tenga distracciones innegables para su futuro político.

Nada tiene de raro este proyecto, Pedro Antonio Enríquez, pertenece a esa nueva generación de priistas que fueron derrotados cuando Antonio grande ganó la gubernatura, y se dedicó a la academia y al servicio público, el sátrapa lo hizo funcionario y luego lo envió al poder judicial, para que fuera el artífice de la revolución que remodeló la integración del poder judicial.

Ahora, en este gobierno fenece este proyecto, al nuevo gobernador le corresponde nombrar a cuatro de los magistrados que se van en dos años y será hasta entonces cuando Pedro Antonio quede libre para darle curso a su legítima ambición de querer gobernar la entidad.

Un hombre culturizado como el togado, tiene una singular percepción de la justicia social y del desarrollo de la sociedad, abomina la incultura y que los iletrados gobiernen; sin embargo, no ha sido capaz de demostrar que no le tiembla la mano para correr y estigmatizar a los jueces corruptos, una materia que tiene que acreditar; le quedan dos años.

Por lo pronto, en breve tendrá una nueva oportunidad de aplicar correctivos de manera ejemplar, en un caso increíble de corrupción y abominación judicial en un juicio civil ordinario; veremos pues de que pasta está hecho; si aplica la justicia a secas, ya tiene el talante para ser gobernador.

Contacto.- cronicaslip@gmail.com

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