DIPUTADOS CONCRETAN SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Luis Ignacio Palacios 11/01/2017 Comentarios

El edificio normativo de las nuevas e importantes materias jurídicas que ha creado el Estado mexicano, requiere en ocasiones un trabajo de orfebre, para darle sentido y texto legal a la voluntad del legislador originario, se requiere un minucioso trabajo para crear leyes secundarias y reglamentarias de las nuevas adiciones a la Carta magna; en estos trabajos se encuentran los diputados de Nayarit.

De esta manera, para implementar políticas y estrategias para combatir el fenómeno de la corrupción bajo un sistema de responsabilidad definido, diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura aprobaron en la sesión que se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2016, el dictamen unitario con proyectos de Ley del Sistema Local Anticorrupción, Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Todo este universo legal, engloba las nuevas normas jurídicas que constituyen el andamiaje legal necesario para implementar cabalmente en nuestra entidad el sistema Local anticorrupción, en congruencia con lo que dispone la constitución federal, las leyes generales en la materia y la carta local, ya adicionada en esta materia.

La ley del sistema local anticorrupción establece principios, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas; tipifica los actos de corrupción, así como en la fiscalización; control de recursos públicos para establecer, articular y evaluar la política en la materia.

La ley de justicia y procedimientos administrativos regula la justicia y los procedimientos que deben seguir las autoridades del ejecutivo estatal, de los municipios y de la administración pública paraestatal y paramunicipal,  bajo los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe, lo cual permitirá cumplir con el compromiso de trabajar para garantizar los derechos de los ciudadanos ante los actos lesivos del poder público.

La ley de fiscalización y rendición de cuentas, consiste en una norma que tiene como objetivo fundamental reglamentar la función de fiscalización superior que ordena la ley fundamental de nuestra entidad, así como establecer las normas de la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado.

Así, con los trabajos y los días de los diputados integrantes de la XXXI legislatura  del H. Congreso del Estado, se constata el compromiso de sus integrantes con la legalidad que debe campear en todos los órdenes de la vida de nuestra sociedad; ahora, le corresponde a la ciudadanía darle vida plena a estas normas que sus diputados están instrumentando, cumpliendo en tiempo y forma con las grandes transformaciones del Estado mexican.

 

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