CÓDIGO ROJO EN JALISCO. LOS ERRORES DEL GOBIERNO

Luis Ignacio Palacios 04/05/2015 Comentarios

Escrito por Surya Palacios (*)

La aplicación de un Código Rojo en el estado de Jalisco, como respuesta oficial a diversos actos criminales que el pasado 1 de mayo pusieron en jaque a las autoridades de esa entidad, demostró que la lucha en contra de la delincuencia organizada se realiza con una marcada debilidad institucional, lo que se traduce en afectaciones directas a los derechos de los ciudadanos.

A continuación enumero los que en mi opinión son los cinco principales errores cometidos por las autoridades en los hechos ocurridos el pasado viernes.

1. Ni el gobierno del estado de Jalisco, ni el Sistema Nacional de Seguridad, y mucho menos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han informado con detalle cuáles son los protocolos a seguir cuando se anuncia la aplicación del Código Rojo.

De hecho, en sus mensajes públicos el día de la emergencia, el gobernador Aristóteles Sandoval no explicó con base en qué reglamentación se sustenta el código referido, abriendo con un ello una laguna con respecto al principio de legalidad que debe observar cualquier funcionario.

Este principio, base fundamental del Estado de derecho, implica que la autoridad guíe toda su actuación de acuerdo con lo que las leyes establecen, ninguna instancia de gobierno puede llevar a cabo acciones que no estén contempladas en alguna norma o reglamento, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución federal.

Al pedir que la población conservara la calma, sin detallar los protocolos específicos a seguir en estos casos, los cuales -reitero- deben contemplarse en alguna reglamentación, el gobierno de Jalisco puso en riesgo la integridad de los ciudadanos.

2. En ese mismo tenor se inscribe la identificación que hizo Aristóteles Sandoval, en su cuenta de Twitter, del policía estatal fallecido en los hechos del 1 de mayo. El gobernador jalisciense hizo públicos en esa red social los datos personales del oficial (nombre y apellido) poniendo en riesgo a su familia.

No debemos olvidar que desde diciembre de 2009, tras el homicidio de familiares de un marino, el gobierno federal se reserva, por cuestiones de seguridad, los nombres de quienes fallecen en el cumplimiento de su deber. Lo mismo debería aplicar para los gobiernos locales.

3. También en Twitter la Fiscalía de Jalisco aclaró que en esa entidad no había toque de queda, lo que implica desmentir algo que sería totalmente ilegal, pues una medida de tal magnitud solo puede ser aplicada por el presidente mexicano, de acuerdo con el artículo 29 constitucional.

Si bien este error se circunscribe a las políticas de comunicación de las autoridades del estado, la aclaración, lejos de ayudar, confunde, toda vez que los ciudadanos seguimos sin saber qué medidas incluye el Código Rojo, las cuáles –por supuesto- no deben contemplar un toque de queda, el cual sería inconstitucional.

4. Siguiendo con las políticas de comunicación erradas, tampoco se informó con detalle qué es lo que pueden hacer las personas que resultaron afectadas en sus bienes por los hechos delictivos del 1 de mayo.

Como se sabe, ningún seguro paga daños ocasionados contra actos vandálicos, disturbios sociales o violencia como la que se observó ese día en 20 municipios, por lo que quienes resultaron afectados en sus vehículos o negocios tendrán que demandar al estado de Jalisco para obtener alguna indemnización.

5. Tal y como ocurrió desde el principio, pero a contrario sensu, al desactivarse el Código Rojo la autoridad no ha informado cuáles son los parámetros, jurídicos y operativos, que están siguiendo para este tipo de medidas.

Con esto, el gobierno sigue sin responder varias preguntas: ¿En qué código ha quedado la entidad después de que ha concluido la emergencia?, ¿Cuáles son los indicadores que le permiten a la autoridad llevar adelante esta situación?, ¿Cuáles son los protocolos que debe seguir la población?, y sobre todo, previendo que hechos similares puedan repetirse ¿Qué medidas de autoprotección, preventivas y reactivas, deben tener los ciudadanos?

(*) Surya Palacios

Socióloga, abogada y periodista mexicana, especialista en análisis jurídico, social y de derechos humanos. Editora con amplia experiencia en web y redes sociales.

Durante más de dos lustros fue editora de la Agence France Presse (AFP) en México. Laboró en Madrid en la Agencia española EFE.

Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benitez. Se formó en las Universidades de Guadalajara, Autónoma de Madrid, y Nacional Autónoma de México (UNAM), así como en el Programa Balboa para Jóvenes Periodistas Iberoamericanos.

Es articulista de importantes publicaciones, como CNN México. En el ámbito académico ha laborado en el Centro de Estudios de Opinión y en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara.

 

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