EN EL TSJ LE PONEN EL CASCABEL AL GATO

Luis Ignacio Palacios 19/11/2014 Comentarios

Una de las graves omisiones que se estaban efectuando en la jurisdicción mercantil en primera instancia, consistente en la aplicación de tesis de jurisprudencia resuelta por contradicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya llegó al Tribunal superior de justicia, de esta manera hace un par de días, con el fin de uniformar criterios al resolver asuntos mercantiles sometidos a su consideración, magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y jueces de primera instancia del estado celebraron una reunión de análisis de normas internacionales y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tienden a evitar la usura en operaciones de crédito.

Dada su experiencia y responsabilidad como presidente del Poder Judicial de Nayarit, el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, hizo una breve mención sobre control de convencionalidad y destacó la importancia de que los juzgadores garanticen la protección de los derechos humanos; cuya realidad operativa en el derecho judicial, significa sin mas que ya todos son jueces continentales, que tienen obligaciones que cumplir frente al bloque de constitucionalidad que ya se tiene a partir de las reformas constitucionales del 2011.

El togado se refirió a las antinomias o contradicciones entre diversas normas y que pueden ser literales, de interpretación o de aplicación a los casos concretos. Agregó que los juzgadores deben en dado caso identificar dichas contradicciones y resolver de forma que garantice a las personas la más amplia protección de derechos, como dicta nuestra Constitución.

La magistrada Rocío Esther González García, presidenta de la Sala Civil, detalló el criterio de la Corte emitido este año, el cual en relación con los pagarés establece que el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite a las partes pactar intereses de manera libre, con la limitante de que los mismos no sean usurarios. Se trata, según se explicó, de una interpretación conforme a la Constitución; y desde espacio le decimos que en la Carta interamericana de derechos humanos, existe un apartado en el cual la usura es una violación de los derechos fundamentales del individuo; carta de la cual México es suscriptor.

En la reunión que tuvo lugar en el salón de sesiones Prisciliano Sánchez Padilla de la sede del Poder Judicial se precisó que, de acuerdo con dicha jurisprudencia, cuando los jueces estén convencidos de que un interés pactado en un pagaré es notoriamente excesivo o produce usura, pueden de oficio —es decir sin que la parte deudora se los pida— reducirlo a su criterio, de forma razonada y motivada, y apreciando tanto las circunstancias particulares del caso como las constancias de actuaciones que válidamente tengan a la vista al momento de resolver.

La magistrada González García expuso los elementos objetivos y subjetivos que deben considerar los jueces al evaluar si hay exceso en la tasa de interés y fundar debidamente sus resoluciones en la materia.

Quizás los actuales jueces mercantiles y secretarios de estudio lo ignoren , pero se hizo referencia a algunos antecedentes normativos en este tipo de asuntos, como el artículo 21.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que prohíbe la usura como forma de explotación del hombre por el hombre. Cabe señalar que dicha Convención fue suscrita por el Estado mexicano y en estas condiciones, por disposición constitucional, está vigente en nuestro país.

En esta reunión estuvieron los magistrados forman parte de la Sala Civil, participaron en la reunión, lo mismo que secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Superior, jueces mixtos y mercantiles del Estado.

Este tipo de reuniones, son imprescindibles para quitarle lo aldeano a jueces y magistrados que tienen criterios jurisdiccionales propios del siglo pasado; Pedro Antonio Enríquez tiene que luchar en contra de la corriente, de los atrasos seculares de algunos juzgadores; empero, si mientras se les cubra con un manto de opacidad y simulación cuando existen denuncias en su contra por venalidad o corrupción en juicios mercantiles, de nada van a servir este tipo de avances en la interpretación convencional a la cual todos los jueces están obligados; deben -es imperioso- aplicarse correctivos que resulten ejemplares para aquel servidor del poder judicial, que se corrompa y corrompa los avances del derecho constitucional.

Será el menor ejemplo disuador, para evitar que se sigan haciendo tiznaderas en los juzgados de primera instancia; hay mucho trabajo por delante, los integrantes del foro local, lo están esperando.

Contacto.- cronicaslip@gmail.com

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