UN GOBERNADOR SIN ABOGADOS

Luis Ignacio Palacios 13/10/2014 Comentarios

Corría apenas, el segundo semestre del gobierno del coronel Rogelio Flores Curiel; hacía unas semanas que el escriba había salido de esa administración; fungí un semestre como asesor jurídico de la Secretaría de Finanzas, hicimos de todo, desde el primer documento para Antonio Echevarría, un glosario de términos fiscales, para que el entonces secretario y después gobernador, supiera de qué caraxxos se trataba esas vainas de los convenios de coordinación fiscal con el gobierno de la federación.

Estaba en la cantina de mi estimadísimo Ramón Gradilla; la eficaz Otilia González me había localizado ya casi a la media noche; la indicación era irrebatible, comparecer al despacho del gobernador que estaba en audiencia. Llegué masticando un chicle para evitar el aliento a ron cubano que por entonces tomaba; de entrada, la mesa enorme del despacho del gobernante, estaba llena de abogados, desde el procurador San López, Jonás Flores y un sin número de letrados.

Estaban atorados en un asunto agrario que Don Rogelio quería resolver; el traslape de la comunidad de Cumbres de Huicicila con el ejido del mismo nombre; ambos grupos presionaban para obtener el apoyo gubernamental; el fino olfato político del coronel le indicaba que algo no iba bién. Identificado el problema me pide opinión y le digo que el gobernador (en ese entonces) era autoridad agraria y podía en estos casos intervenir para reordenar los decretos presidenciales. El dicho de Don Rogelio, nunca se me ha olvidado: “aquí tengo muchos títulos y pocos abogados..”

Tal evocación me vino, cuando supe que el domingo anterior previo a la reelección del magistrado presidente del TSJ, en una  reunión singular que tuvo Roberto Sandoval y  su fiscal de hierro con los 17 magistrados que integran el TSJ. Ahí, Roberto, con esa pasión justicialista que en ocasiones conocemos, le dijo que algo había que hacerse, dado que tenía decenas de peticiones de ayuda de la gente que es condenada en juicios civiles y mercantiles por impago de deudas con las casas de préstamos, lo que a la postre les quitan su patrimonio.

Nadie de los presente dijo pío; si acaso, un balbuceo para señalar que legalmente nada se puede hacer, dado el consentimiento de los deudores para suscribir los contratos de mutuo que incumplieron. Empero, en el derecho toda categoría jurídica tiene un gradualismo; y los dilectos abogados ahí presentes, pecaron de discretos y dejaron al gobernador sin argumentos, lo cual, políticamente es inadmisible, un gobernante tiene el absoluto derecho de explorar todo para responderle a sus gobernados en casos patéticos de haber sido víctimas de la usura generalizada que hoy campea en la entidad.

Roberto Sandoval como muchos de sus pares, no está obligado a saber los intríngulis del derecho, empero, sus principales colaboradores sí; desde el secretario general de gobierno, el subsecretario jurídico, el abogado del despacho del ejecutivo, y, por igual, los magistrados del TSJ, en una sana relación inter institucional con el ejecutivo.

CASO RADILLA Y SU IMPACTO EN LA JUDICATURA

La suprema corte de justicia de la nación es el Tribunal de mayor jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la interpretación última de los preceptos que conforma la Constitución Federal de la República, lo que lleva a cabo a través de la resolución de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de Amparo y el reciente control previo de constitucionalidad.

La evolución que ha tenido el Derecho y los principios constitucionales mediante la función jurisdiccional, es decir la Suprema Corte se ha distinguido por la construcción de una doctrina judicial enfocada a la defensa de los derechos humanos, pero en su anterior denominación de garantías individuales.

Esta afirmación ha sido motivo de un debate interesante en nuestro país como consecuencia de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 6 y 10 de junio de 2011, por medio de las cuales se reformaron, respectivamente, los artículos 94, 103, 104 y 107 relativos al juicio de amparo; y los diversos 1°, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, para introducir la llamada reforma en materia de derechos humanos cuya aportación fundamental, es la introducción formal de los principios pro homine y de interpretación conforme, tendentes a ampliar la esfera de los derechos humanos y su defensa.

El caso Radilla Pacheco y sus derivaciones, constituyen el primer contacto del Poder Judicial de la Federación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, cuando nos referimos a un primer contacto es en el sentido de que como parte del Estado Mexicano la Suprema Corte asumió que debía realizar actos en cumplimiento de esa sentencia, lo que  significa que en algunas de sus ejecutorias, invocara sentencia de ese Tribunal Internacional.

El Tribunal Constitucional abrió un nuevo expediente, el identificado con el número “varios” 912/2010, resuelto en sesión de 14 de julio de 2011. La resolución dictada es ese expediente varios 912, es, con seguridad, una de las sentencias dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 14 de julio de 2011 de las más polémicas que haya dictado la Suprema Corte, su impacto en el orden jurídico nacional ha sido de una magnitud enorme; se puede decir que la Academia y amplios sectores dedicados a la defensa de los derechos humanos la recibieron con beneplácito.

A dónde quiero llegar, es que a partir de esta sentencia, todos los jueces del fuero común son jueces continentales, y en el caso de la preocupación del gobernador Sandoval, está no solo la prevención del cumplir con el convenio interamericano de derechos humanos en cuya fracción III la usura es atentatoria contra aquellos, sino que hubo una tesis de jurisprudencia hace unas semanas de la SCJN, que establece que los jueces pueden modificar el monto de los intereses cobrados cuando éstos son evidentemente usurarios.

Y que existen mecanismos administrativos y legislativos para paliar un mucho, la expoliación que tiene un sin número de gentes que es pasto de las casas de empréstitos con la complicidad de los notarios. Sin duda, Roberto tiene muchos títulos; pero pocos abogados…

Contacto.- cronicaslip@gmail.com

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