PODER JUDICIAL AVALA FISCALÍA GENERAL

Luis Ignacio Palacios 14/01/2013 Comentarios

La lógica de la conducta institucional del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia lo establecía, Pedro Antonio Enríquez ponderó favorablemente la transformación de la Procuraduría del estado en Fiscalía General, dado que fortalece la procuración de justicia y constituye un avance significativo hacia el nuevo sistema de justicia penal en nuestra entidad.

Por tal motivo expresó un cálido reconocimiento a la propuesta del gobernador Roberto Sandoval Castañeda para transformar la institución del Ministerio Público, mediante la reforma constitucional vigente desde el 12 de enero.

Tal como se diseñó la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General se dará un impulso renovado a la persecución del delito y al desempeño del Ministerio Público para seguir garantizando la seguridad jurídica de los nayaritas, rubro en el que nuestra entidad destaca a nivel nacional.

El magistrado presidente se congratuló asimismo por el respaldo del Poder Legislativo a la iniciativa del titular del Ejecutivo del estado para constitucionalizar los principios de buena fe, justicia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos, que regirán tanto la conducta del fiscal general como de los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares.

El presidente del Poder Judicial de Nayarit hizo notar que la transformación de la extinta Procuraduría en la nueva Fiscalía cumple cabalmente con los requerimientos del nuevo sistema de justicia penal, en cuya implementación trabajan coordinadamente los tres poderes del estado.

CASO NAYARIT

Echemos una oteada al proceso en las entidades de la república, recordemos que el 18 de junio de 2008 se publicó la reforma constitucional que busca transformar el sistema de justicia penal mexicano, para pasar de uno mixto a otro de corte acusatorio, garantizando la vigencia plena de las garantías individuales y los derechos humanos consagrados en la Constitución, y otorgando la seguridad jurídica debida a las personas.

Consolidar la Reforma Penal es sin duda el mejor legado que un gobierno puede dejar a sus ciudadanos, porque implica otorgar los elementos necesarios, materiales y jurídicos, para que cuenten con un sistema de seguridad y justicia penal que genere confianza, eficiencia, sea de fácil acceso y completamente transparente (juicios orales), rápido y ágil, público (en presencia de los ciudadanos), justo, con respeto a los derechos humanos y las garantías individuales, que sea equilibrado, y que en él operen el razonamiento y la democracia.

En este contexto, para poder llevar a cabo la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal es necesario contar con un proceso de planeación integral adecuado, tomando en cuenta que las entidades federativas habrán de poner fin al Sistema Tradicional de Justicia Penal para adoptar e implementar a más tardar en el año 2016 el Nuevo Sistema de Justicia Penal que ordena la Constitución Federal, que habrá de ser de corte acusatorio, adversarial y oral.

A la fecha, solo son siete entidades las que han modificado sus Códigos, cuatro de ellas, lo han iniciado solo en algunos partidos judiciales, y son tres, el Estado de México, Chihuahua y Morelos en donde existe vigencia plena en todo su territorio; en la entidad, funciona intermitentemente la comisión tripartita para la implementación de este sistema, pese al optimismo de Pedro Antonio, los recursos enviados por la SecTec no se han podido ejercer por causa de frusilerías administrativas, esperemos que al menos estén en mesa de dinero en alguna institución bancaria de la ciudad.

Ya se tiene el proyecto del Código de Procesos Penales en el Congreso, empero, con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, con sus anuncios en esta materia, se impone una recomposición del proceso ya iniciado, para que exista sinergia con los proyectos y reformas del nuevo ejecutivo federal.

Sí, la creación de la Fiscalía General es un excelente avance; falta darle mayor dinamismo a los trabajos de la Comisión Tripartita y que exista el personal responsable de sus avances, hoy, Miguel Ahumada, Edgar Veytia, Pedro Antonio Enríquez, no se han reunido al parecer ni una ocasión en meses! Y los trabajos de consulta que presidió el diputado Serrano, nadie los conoce, puesto que las voces ahí expresadas no las han sistematizado ni dado a conocer a los integrantes de la manida comisión estatal.

La burocracia concebida en su sentido peyorativo, al parecer campea en estos territorios de sesudos estudios jurídicos…

Contacto: luisi48@prodigy.net.mx

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