¿EL FIN DE LA INDULGENCIA..? LA PRUEBA SOCIAL DE ROBERTO

Luis Ignacio Palacios 07/01/2013 Comentarios

Con el mejor manejo posible de sus desventajas, la crisis financiera merced a la gigantesca deuda heredada, y que se potencia en la más sensible de sus áreas, la burocracia, los proveedores, los medios y sus hacedores, el gobierno de Roberto Sandoval, pudo presentar importantes logros y activos al cierre del 2012; por extraño que pareciera, se le prolongó no solo por cien días, sino prácticamente por todo su primer año, el bono democrático su legitimidad como gobernante, y contó con la indulgencia de la sociedad.

Producto de varios factores, el deslinde mediático que hizo en varias ocasiones del sátrapa que le precedió, fue importante, y ante la inacción de las obligadas acciones legales merced a las conclusiones condenatorias del informe de resultados que el Organo de fiscalización de la Cámara de diputados presentó en noviembre; la secretaría de la contraloría dependiente del poder ejecutivo, informa de la presentación de denuncias penales contra funcionarios menores del gobierno anterior, por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones públicas.

Este es el complicado escenario que se le plantea al gobernante; por una parte una justificada irritación de proveedores a quienes se les niega el pago de sus facturas por el hecho de que sus cobros devienen del sexenio anterior –circunstancia que se replica en el Ayuntamiento de Tepic- luego, las claras y puntuales imputaciones conclusivas en contra de tres secretarios del gobierno anterior, Messina, Horta y Hernández, que  cometieron la liviandad de presentar facturas apócrifas –decenas de millones de pesos- para justificar sus desfalcos y rapacerías; todo ello documentado por el informe de Salvador Iñiguez.

El quid del asunto, es que ahí están los presupuestos legales necesarios para el ejercicio jurídico de las acciones punitivas, lo que traería –en caso de ejercerlas- un enorme activo político para este gobierno, y se imbricaría en el marco de referencia que reclama el gobierno de la república para buscar soluciones financieras a las enormes deudas heredadas de gobiernos idos; el caso de Chiapas es paradigmático, con el encarcelamiento de siete ex alcaldes.

Se trata de una convalidación de los empréstitos, 409 mil millones de pesos que de una u otra forma el gobierno federal le daría soluciones; sin embargo, esto viene aparejado por la instrumentación del nuevo sistema anti corrupción de vigencia nacional, no será desde luego un borrón y cuenta nueva, se trata, según se aprecia de un mecanismo de ajuste jurídico, que tiene connotaciones políticas ni duda cabe, sobre todo, que ahí en esta danza de sinvergüenzadas, están los pro hombres del priísmo que apoyaron al actual presidente Peña Nieto.

EL PESO DE LA HERENCIA POLITICA

Las obligadas diferencias del gobierno actual con el anterior, surgen en las exégesis de hasta dónde llega el peso político de pertenecer al mismo partido; lo cual es una manera alegórica de decirlo, toda vez que este y el del sátrapa, tuvieron su sustento electoral en amplias huestes del lumpenaje bajo las siglas de “movimientos” aglutinados a la personalidad de los entonces candidatos; el partido revolucionario institucional se ha convertido en el cascarón que solo pone el nombre y la legítima vía de acceso al poder.

Este es el patrimonio más importante del priísmo; y una de las consabidas “reglas no escritas” es la obligada inacción judicial en contra de los predecesores aunque se les compruebe –como en el caso local- por las fiscalizaciones, hechos y acciones definitivamente punibles; he ahí, en dónde se imbrican las lealtades partidarias con moral pública y cómo se construye su propia conducta de cara a los presupuestos judiciales que son imperativos para actuar en contra del gobierno anterior.

Este es el tema trascendente que subyace en todo este margallate jurídico político, que desde luego preocupa al gobierno de Peña Nieto, el arranque de las negociaciones con los líderes de las bancadas del Pri y del Prd, son el inicio de que algo se tiene que hacer para resolver los criminales endeudamientos que hicieron gobernadores y ediles del Pri y del Prd, de cara a una sociedad irritada que si bien le dieron el voto al priísta, espera la modificación de sus reglas “no escritas” para profundizar en su legitimación.

Enrique Peña Nieto a nivel nacional y Roberto Sandoval Castañeda en la entidad, tienen ante sí, la espléndida oportunidad de recomponer este escenario político con el natural y lógico ejercicio de lo judicial; darían el mejor de los  mensajes a sus gobernados, sería el principio del fin de la impunidad del gobernante que en su ejercicio hace desmán y medio, violando de manera voluntaria el imperio de la ley.

El gobernante náyaro, tiene un zorruno olfato político, es muy sensible a las señales que brotan aisladas en el contexto en el cual se desenvuelve; y ya debió de haberlo percibido desde el año pasado; el asunto es que no puede postergarse indefinidamente el momento de los resolutivos políticos-judiciales; en el caso no aplica la inacción.

El reclamo social es mayúsculo, de una envergadura que no solo se deterioraron ya las magras oposiciones, sino el mismo gobierno que tiene que haber visto en el imaginario colectivo el fin de la indulgencia para sus políticas públicas; el periodo de gracia ha concluido. La paradoja es, que Roberto se troca en su propio Némesis.

Contacto: luisi48@prodigy.net.mx

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