COHESIONAR LAS REFORMAS

Luis Ignacio Palacios 21/12/2012 Comentarios

Necesario atar los cabos sueltos…

Roberto Sandoval, titular del poder ejecutivo señaló la ruta, y la fecha a la que aspira su administración para que en la entidad, se instaure el nuevo Proceso Penal Acusatorio, enero del 2014; hace unos días, los diputados cumplieron de manera obsequiosa y aprobaron sin chistar las reformas constitucionales, de esta manera, se adiciona la Carta local, con la parte sustantiva que el dieciocho de junio de 2008 se promulgó el cuerpo de disposiciones de la Carta Magna en donde se establece el sistema acusatorio y oral en materia de justicia penal.

Si los diputados fueron tan parcos en el proceso legislativo, los integrantes de la comisión tripartita, están haciendo cada cual lo suyo; en el poder ejecutivo, Miguel Ahumada como secretario técnico de la misma, es el principal vector para que las acciones marchen con sinergia; el Procurador de justicia, está haciendo además de su chamba que no es nada fácil ni sencilla, la hombrada de establecer cursos compensatorios al personal de la PGJ que es la directamente involucrada en los prolegómenos de la reforma.

El poder judicial, trae su propia dinámica, en la actualización, capacitación y modernización de la administración de justicia, partiendo de lo elemental hasta lo complicado, iniciando la vanguardia de aspectos procedimentales de la reforma, el Juzgado de ejecución de sentencias y el Centro de justicia y de mediación familiar, para sentar las bases de una de las vertientes más importantes del nuevo modelo, la resolución de conflictos mediante convenios y el todo que se engloba en lo que se ha denominado “justicia restaurativa”.

Entre los tres poderes, de manera sigilosa se lleva a cabo el estudio y elaboración del nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de Nayarit, confluyeron varios modelos de código adjetivo penal; el tipo que promovió la Sec-Tec, el vigente en el Estado de Guanajuato, y otro, elaborado por una institución académica de prestigio internacional; el cuento de todas estas acciones es que ha faltado la debida compactación de todas las acciones, que, de cara a la sociedad y al foro judicial, se tiene la percepción de que están aisladas.

¿Es una falta de cohesión política o administrativa..? lo singular de todo este proceso es que, ni uno solo de los funcionarios involucrados de los tres poderes ha dejado su trabajo, los diputados en la dinámica de su Plan de desarrollo institucional; Miguel Ahumada como titular de innovación gubernamental, haciendo acciones subsidiarias en asesoría jurídica del gobernador y Pedro Antonio Enríquez con la carga de la presidencia, atendiendo las broncas internas del poder judicial, del consejo de la judicatura, y estando al tanto de la especialidad y seminarios que a diario se llevan a cabo en la Escuela judicial.

CONCRETAR LA VOLUNTAD POLITICA

Hace unos días, luego de su conferencia, el escriba tuvo una plática con una de las ”vacas sagradas” del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, don Diego Valadés, ex procurador general de la república, y uno de los más connotados constitucionalistas del país; a propósito del escenario nacional, le pregunto sobre el timming que se lleva en los Estados para implementar la reforma al sistema penal.

“Mire amigo, -me  dice- me temo que nos estamos encaminando a un gran fracaso.., de los once Estados que tienen ya vigente el nuevo sistema, solo dos o tres han acreditado eficacia en la concreción del modelo…” le señalo los Estados en donde con el nuevo sistema se han incrementado los delitos menores como el robo simple; y en cuanto al tema de la necesidad de tener en todo el país un código de procesos penales común, coincidimos en la crítica, a la mayoría de los Estados.

Llegan los ceviches y las primeras cervezas, dejo al académico con sus anfitriones; confirmo que, de una u otra manera el proceso de reformas es un verdadero galimatías, y, de facto hace falta un liderazgo regional para que emerja y pudiendo tener capacidad de convocatoria se pueda dar el necesario golpe de timón para recomponer este tenebroso asunto.

En Nayarit sucede que la gente que protagoniza el proceso, todos ellos son funcionarios de tiempo completo, de los tres poderes, y al parecer los recursos que la Sec-Tec remitió a la entidad, no cumplen con las expectativas iniciales de su primera proyección; en este sentido, como nadie pone en tela de duda ni juega las contras, partimos de la base que el poder ejecutivo ejerce la hegemonía política en este y en  todos los asuntos públicos de trascendencia, Roberto Sandoval, es quien lleva el desarrollo de la agenda política de la entidad.

En este sentido, como observador crítico fuera de los centros en los cuales se llevan a cabo los trabajos hacia la instauración de la reforma, estimamos prudente la calendarización de reuniones de análisis y evaluación de las acciones de la comisión tripartita, para colegir si la ruta crítica lleva el tempo adecuado; se tiene que concretar la voluntad política de los titulares de los tres poderes; y, pensar ya, en que tiempo es, que se abran  los escenarios de consulta pública a la sociedad.

Y sobre todo a las organizaciones de abogados y empresarios interesados en el tema, porque el trabajo de escritorio, en los cubículos de los doctores en derecho, debe forzosa y necesariamente tener la confronta con los profesionales del derecho que están o han litigado, para cumplir el imperioso aterrizaje de la norma procesal penal en ciernes, con la ingente realidad que impera en el foro local.

La que solo se conoce a cabalidad, estando en la contienda del derecho judicial, en todas las instancias, de la procuración y administración de justicia…

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