MILITARES EN ACCIÓN

Luis Ignacio Palacios 10/12/2012 Comentarios

El ejército mexicano, en sus acciones de cara a los “civiles”, siempre actúan en base a que tienen la certidumbre de que no es recomendable enfrentárseles, se llama el “efecto disuador del Estado”, es decir intimidan en grado extremo al ciudadano, porque en ellos radica el uso –y el abuso- de la violencia legítima que puede hacer uso el gobierno de manera discrecional.

Antes de que salieran de sus cuarteles por orden presidencial para combatir a la delincuencia, el ejército, la marina y sus tropas de élite, han actuado fuera de sus cuarteles en variopintas acciones, en diferentes tiempos y con diversas justificaciones; desde las masacres a campesinos y líderes electricistas en el sexenio de Adolfo López Mateos, hasta las matanzas de Tlatelolco y del 10 de Junio con sus comando paramilitares.

He conocido a muchos y excelentes militares, amigos entrañables que en momentos difíciles nos tendieron la mano y nos ayudaron a explicitar lo que México sufría en los inicios de los años setentas; y vale aquí recordar a mi Q.´. H.´ . José Angel García Elizalde, divisionario que pudo haber sido Secretario de la Defensa Nacional, y a su jubilación lo “castigaron” como agregado militar a la embajada de México en Francia.

En estos seis años de lucha en los pueblos y ciudades, se tienen documentadas cientos de actos contra civiles, en que se han excedido en sus funciones, incluso, han sido documentados varios incidentes en donde han sido muertos personas inocentes por balas de los soldados y marinos, y muy a su estilo han tratado de manipular los hechos de manera burda para eludir la responsabilidad penal que se les deriva de este tipo de hechos, que no pueden ser catalogados de otra manera más que delictivos.

Algunos mandos, hoy están sometidos a procesos por jueces del fuero común, en una derivación de esa inacabada inconsecuencia, de no haber establecido las reformas constitucionales promovidas por la presidencia de la república, para delimitar los fueros, el militar y el común en los supuestos que se han expresado en esta lucha fuera de sus cuarteles, gracias a la perversa pachorra de los diputados del Pri y Prd, no se llevaron a cabo estas reformas, que le darían a la sociedad y al ejército y la marina, certidumbre en sus actos cotidianos.

REVISAR LAS LICENCIAS DE ARMAS

Quizás, ayer, en la primera de sus “visitas” a la PGJ con toda la rigidez e intimidación de que pueden ser capaces, para revisar las armas que amparan las licencias que tiene el gobierno del Estado en estas dependencias, era para darles “un cale” a la dependencia que ha seguido omisa en consignar el grave caso del homicidio de sus compañeros de armas del sábado anterior.

El joven capitán Rogelio Paaris, director de la PEP, sacó la cara por la institución y la legalidad administrativa; un poco después el general Jorge Alonso Campos titular de la SSP, confirmó la procedencia de la acción y el olvido del correspondiente oficio de la SEDENA para la justificación de su proceder.

Pero mientras eran peras o perones, el lance trascendió en las redes sociales, sobre todo por los momentos ríspidos que se vivieron al principio de esas dos horas en que los efectivos del ejército impidieron el paso de civiles a las instalaciones de la PGJ, y que algunos policías y soldados se apuntaron con sus armas.

Luego de aclarar lo necesario, Edgar Veytia declaró en conferencia de prensa, la buena relación que existe entre las autoridades estatales y el ejército mexicano; la escenografía puesta para acreditar la legalidad institucional y la interlocución con la Zona militar, y él mismo acudió a la mesa de revisión para llevar su arma de cargo.

Lo desafortunado que le puede ocurrir al gobierno de Roberto Sandoval, es que no se puedan recomponer y en breve plazo las necesarias relaciones de interlocución y de colaboración en el mantenimiento de la paz en la entidad; se requiere de un mucho de obsecuencia, porque todo mundo sabe quienes ganarían en caso de un distanciamiento entre el gobierno del Estado y la XIII Zona Militar.

En ambos extremos la molestia y encabronamiento, debe racionalizarse y asumir sus efectos legales y administrativos.

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