PONENCIA SOBRE EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

Luis Ignacio Palacios 05/12/2012 Comentarios

Nuestro sistema penal es un complejo diseño institucional de pesos y contrapesos cuyo fin social último es mantener la convivencia pacífica entre los miembros de una sociedad, haciendo de la amenaza penal el último argumento del poder del Estado.

En este delicado equilibrio se desarrollaron mecanismos para controlar el derecho de sancionar del Estado, y se rodean de garantías los derechos fundamentales de aquellos que se ven amenazadas por el proceso penal, en su patrimonio y libertad personal.

El diseño de las instituciones procesales y de sanción refleja mucho de la constitución política y ética de una sociedad; alguien ya lo dijo que, para conocer mejor a un país hay que analizar sus códigos penales, ver la actuación de sus fiscales y  visitar sus cárceles.

El desafío mayúsculo será la instrumentación de las mejoras al sistema de las procuradurías estatales, enfrentando la baja profesionalización en sus áreas de policía investigadora, periciales, e instrumentación de la Teoría del Caso; inercias del pasado ineficaz y de intereses creados, que son impensados en el inminente sistema del Proceso Penal Acusatorio. 

La reforma constitucional instrumentó un conjunto de instituciones que tienden a la transformación cuantitativa y cualitativa de nuestro sistema penal, que se la ha dado en llamar “sistema de juicios orales”.

Objetivo fundamental es racionalizar la justicia penal, mediante los medios alternativos a la vía jurisdiccional como la mediación, la conciliación y los acuerdos restaurativos; que tienen como finalidad la solución de conflictos de manera expedita, disminuyendo la carga de trabajo a los órganos jurisdiccionales.

 Si los cientos de miles de procesos penales –de las dos competencias- se presentasen a los jueces, bajo este nuevo sistema; el aparato jurisdiccional sencillamente se colapsaría, pues es materialmente imposible contar con la infraestructura y el personal suficiente para desahogar las audiencias preparatorias y las propias de los juicios orales.

 En el 2010 en todo México hubo 199,812 procesos penales en primera instancia de los dos fueros.

 Para la administración de justicia local, en el 2011 hubo 5,104 procesos clasificados por materia, incluyendo el rezago de los años anteriores.

Para que un sistema pueda de manera eficaz instrumentar eficientemente este modelo procesal, con la experiencia de otros países, se colige que se requiere que no más del 7% o 10% de los casos se lleven al juicio oral.

Es decir, tendríamos 500 o más juicios orales en el primer año de implantación del nuevo sistema de proceso penal acusatorio; proponemos que de manera paulatina en varios partidos judiciales, se instaure el nuevo sistema de justicia.

Tal cual lo hizo el gobierno de Guanajuato que comenzó en el 2011 y terminará en el 2016.

De ahí el porqué es trascendental que los agentes del ministerio público estén capacitados para buscar las salidas alternas, que son; el principio de oportunidad que se opera en casos de delitos menores y no violentos; justicia alternativa, que se aplica en conflictos incipientes como injurias o  golpes simples o modalidades menores de conflictos familiares.

Estos mecanismos deben aplicarse de manera simplificada, accesibles y orales.

Estimo, que debemos hacer una interpretación tautológica de la reforma a la luz de la teoría garantista; para encontrar los diferendos entre los bienes sociales de la doctrina, la intención justicialista del reformador y la realidad de lo que sucede en la procuración y administración de justicia.

Y así, sin miedos ni falsos pudores, la Procuraduría General de Justicia y el Consejo de la Judicatura, deben hacer una verdadera limpia de sus elementos que no son aptos para funcionar en los extremos humanitaristas que imponen las nuevas categorías jurídicas que conlleva la reforma.

Puesto que son ellos, -el foro los conoce- quienes fueron los protagonistas del oprobio y la vergüenza de la corrupción rampante, el tráfico de influencias, y la denegación de justicia que desde el poder ejecutivo anterior contaminaron a la sociedad.

Hoy, aún pervive la colusión de Ministerios Públicos y Jueces venales con Notarios y abogados corruptores.

No se puede construír el nuevo edificio de la procuración y administración de Justicia con funcionarios públicos que no tienen el perfil profesional ni los atributos de moralidad y ética que reclama la vigencia de la reforma.

La ciencia jurídica debe responder a los reclamos sociales; si el derecho aparece después del cambio social y se retrasa, los juristas serán calificados de inadaptados sociales, o por el contrario, si nos aceleramos, se puede provocar el apresuramiento social y generar fiascos o inestabilidad.

Esto es lo que tenemos que discernir y actuar en consecuencia sobre el tópico trascendental que significa el nuevo código de procesos penales del Estado de Nayarit.

El orden jurídico no es algo estático e inmovilizante, nunca se concluye; se lleva a cabo día a día, conforme al ambiente social que le rodea.

Es multidimensional el espectro de aplicaciones con el nuevo sistema penal acusatorio; busquemos la justicia, su procuración adecuada y la proba administración, será lo que le dé el carácter social a nuestra vida en común; so pena que la ineficacia y la corrupción prohije la anarquía y el fracaso estrepitoso de este nuevo sistema.

La Justicia –en todas sus acepciones- es el valor supremo que debe procurar nuestra organización política; para que sea el instrumento del Estado como regulador y armonizador de los intereses particulares de los individuos y los generales de la sociedad.

Proyectó: Luis Ignacio Palacios B.

Noviembre 5. 2012  

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